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El cierre temporal del Parque Fundidora levanta polémica en Nuevo León

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 El reciente cierre temporal del Parque Fundidora, uno de los puntos más emblemáticos de Monterrey, causa un problema ante la ciudadanía de aquel estado.

La administración del lugar, a cargo de un organismo público descentralizado, anunció el pasado 16 de julio que el sitio cerraría como parte de las medidas para prevenir contagios de COVID-19. Sin embargo, también señaló entonces que carecía de recursos para mantener las operaciones e, incluso, llamó a la ciudadanía a que aporte donativos.

El parque reabrió este miércoles a corredores y ciclistas, aunque siguen en pie algunas restricciones sanitarias: el acceso de personas se realiza de forma dosificada, en tanto las áreas verdes y las bancas siguen acordonadas.

Fernando Villarreal, director del parque, dijo recientemente que los directivos debieron despedir a 250 empleados, pues ya no tenían fondos para cubrir el pago de la nómina.

“Para Parque Fundidora, lo más importante es la salud de nuestros visitantes y, por tal motivo, se tomó la decisión de cerrar nuestras puertas a partir del 16 de julio y hasta nuevo aviso, para reforzar las medidas que la Secretaría de Salud nos ha marcado”, señaló Villarreal en un mensaje.

“Tú puedes apoyar para seguir manteniendo estos parques en perfectas condiciones y reabrirlos en cuanto sea posible. Cualquier aportación será muy importante para nosotros a la cuenta Banorte 1055005097, Clabe 072 580 01055005097 0”, agregó el directivo.

Ante medios, Villarreal insistió en que el parque carece de fondos y aseguró que la situación también puede afectar la administración de puntos turísticos como La Huasteca, La Pastora y Paseo Santa Lucía, que igualmente están a cargo del organismo público descentralizado. Para evitar un impacto mayor —sostuvo el directivo—, ya se solicitó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón un total de 10 millones de pesos.

“Lo más importante es la nómina, pero necesitamos también alimento para los animales del zoológico (La Pastora) y el pago de servicios, y nos dijeron que quincena por quincena nos vamos a ir juntando, y quincena por quincena nos van a decir con cuánto nos apoyan”, dijo.

Sin embargo, actores políticos y ambientalistas cuestionan la situación, pues consideran que no hay claridad sobre cómo se ha manejado el dinero destinado al parque, que recibe ingresos por fungir como sede de espectáculos, festivales, conciertos y reuniones privadas.

Ivonne Bustos, diputada local del PVEM, incluso señaló que se requiere una auditoría “especial y urgente” que explique cómo se han usado los fondos del lugar, históricamente considerado rentable. Según la legisladora, solo en 2019 el sitio obtuvo entradas por 221 millones de pesos.

“El Parque Fundidora, al ser un organismo público descentralizado, es sujeto del principio de transparencia y de la obligación de rendir cuentas a detalle sobre su operación y, en estos momentos, una auditoría especial y profunda es necesaria para esclarecer dudas que pudiesen surgir con relación al adecuado manejo del patrimonio de la ciudadanía”, dijo.

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