Sepa La Bola
Por Claudia Bolaños
El Campo Marte terminó convertido en una plaza comercial disfrazada de fiesta mundialista. Un espacio federal, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional y cargado de valor cívico, fue entregado para un evento privado de cobro, con boletaje, conciertos, zonas VIP, venta de comida, bebidas alcohólicas y denuncias por consumo de drogas en baños.
Lo más delicado es que el convenio no establece una contraprestación económica clara para la Nación, aunque el inmueble se explota como si fuera propiedad de particulares. La empresa cobra accesos, comercializa experiencias y vende exclusividad; el Ejército resguarda; los asistentes pagan; y la Nación queda en segundo plano.
La autorización no surgió de la nada. De acuerdo con los documentos, el uso del recinto fue avalado por el general de brigada diplomado de Estado Mayor José Manuel Ramírez Martínez, director general de Ingenieros y responsable inmobiliario de la Defensa, y por el coronel intendente Raymundo Barrera García, jefe del Centro de Promoción Social de la Defensa. Del lado privado aparece Víctor Francisco Vázquez Andrade, administrador único de The Mates Contents, empresa beneficiada con el convenio, mientras Eco en Vivo y Ocesa participan en la operación y promoción del evento durante el Mundial de Futbol.
El fondo del caso no es solo la venta de alcohol dentro de una instalación militar, sino la forma en que un bien nacional se pone al servicio de un negocio privado sin una ganancia pública claramente definida. Campo Marte deja de ser símbolo de orden y civismo para convertirse en ejemplo de cómo el patrimonio público puede terminar subordinado al espectáculo, al alcohol y a los intereses privados.
Y, sepa la bola, mientras la oposición responsabiliza a López Obrador por las tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por restar importancia a las declaraciones de Donald Trump.
“Un día dice una cosa, otro dice otra cosa”, dijo en su conferencia mañanera.
Desde la oposición, voces como la de Rubén Moreira Valdez insisten en atribuir al sexenio anterior un enfoque permisivo frente al crimen organizado. La frase “abrazos, no balazos”, sostienen, no solo fue una promesa de campaña, sino un mensaje político que debilitó la acción del Estado.
Argumentan que esa narrativa envió señales de tolerancia, tanto al interior como hacia el exterior, y que hoy la actual administración enfrenta las consecuencias: un entorno de inseguridad persistente y una relación cada vez más tensa con el gobierno estadounidense.
En ese contexto, el reto para el gobierno federal es claro: aplicar la ley, enfrentar la inseguridad sin maquillajes estadísticos y coordinar a las entidades federativas, en particular a aquellas gobernadas por Morena.
A ello se suma lo dicho por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien reconoció que el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene su estructura operativa por regiones, pese a los golpes recibidos. Lo mismo ocurre con el Cártel de Sinaloa, que continúa siendo una organización sólida incluso tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses.
Así, más allá de las detenciones y órdenes de aprehensión que se anuncian, la renovación de liderazgos criminales parece inagotable, lo que mantiene intacto el desafío de fondo en materia de seguridad.
