El diputado federal Rubén Moreira Valdez exigió al Gobierno federal brindar de manera inmediata medidas de protección y seguridad a la diputada local priista Paola Gárate Valenzuela y a su familia, tras los actos de amenaza e intimidación de los que ha sido víctima en Sinaloa.
Luego de que enviaran una corona fúnebre al domicilio de la legisladora, el coordinador de los diputados federales del PRI advirtió que Sinaloa atraviesa una grave crisis de inseguridad, violencia y presencia del crimen organizado, situación que mantiene a miles de familias viviendo diariamente con temor e incertidumbre.
Por ello, Moreira Valdez informó que solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortar de manera urgente al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, determine e implemente las medidas necesarias de protección y seguridad en favor de la diputada Paola Gárate y de su familia, garantizando su vida, integridad física y el pleno ejercicio de sus derechos políticos y constitucionales.
Asimismo, demandó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y realice una investigación exhaustiva, imparcial y efectiva que permita identificar, detener y sancionar a los responsables de estos actos de intimidación.
El exgobernador de Coahuila reconoció la valentía, responsabilidad y firmeza con la que la diputada local Paola Gárate ha alzado la voz para denunciar los hechos de violencia que lastiman a la sociedad sinaloense, la intervención de grupos criminales en los procesos políticos y la falta de resultados de las autoridades estatales frente a la ola de violencia que afecta a la entidad.
El congresista condenó enérgicamente los hechos ocurridos el pasado 11 de junio, cuando, acto que calificó como una amenaza directa y un intento de sembrar miedo para silenciar a quienes ejercen legítimamente su derecho a señalar aquello que preocupa y agravia a la población.
Una democracia, dijo, no puede permitirse que las amenazas sustituyan al debate público ni que el miedo limite la representación popular, exige que quienes ejercen funciones legislativas puedan hacerlo sin presiones, sin intimidaciones y sin poner en riesgo su integridad ni la de sus seres queridos”, afirmó.
Rubén Moreira aseveró que las amenazas contra una legisladora son también amenazas contra la democracia, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a ser representados. “No podemos normalizar la violencia ni permitir que el crimen intimide a quienes cumplen con su deber”, concluyó.
