Ante el incremento sostenido del fraude digital en México y la creciente afectación a las personas adultas mayores, el diputado federal Emilio Suárez Licona presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y establecer un agravante específico cuando este delito se cometa mediante medios electrónicos, informáticos o digitales en perjuicio de personas de 60 años y más.
El legislador del PRI advirtió que el fraude se ha convertido en el delito de mayor prevalencia en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, durante 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos en México y el fraude encabezó la incidencia delictiva con una tasa de 7 mil 574 víctimas por cada 100 mil habitantes, por encima del robo y la extorsión.
“Las cifras muestran una realidad alarmante: el fraude digital crece cada año y quienes más lo padecen son nuestros adultos mayores. No podemos permitir que el patrimonio de toda una vida sea arrebatado mediante engaños tecnológicos”, afirmó el diputado Emilio Suárez Licona.
El político priista destacó que, según la CONDUSEF, siete de cada diez fraudes financieros se cometen en línea, mientras que en el primer semestre de 2025 se registraron más de 3.82 millones de reclamaciones por posibles fraudes financieros, con pérdidas económicas por 16 mil 678 millones de pesos.
La situación es particularmente grave para las personas mayores. Datos de la CONDUSEF indican que 32.2% de las quejas por posible fraude bancario correspondieron a personas de 60 años y más, aunque este grupo representa apenas 12.8% de la población nacional, lo que implica una tasa de victimización 2.5 veces mayor a su peso demográfico.
El congresista del PRI señaló que la rápida incorporación de los adultos mayores al entorno digital, sin una alfabetización financiera y de ciberseguridad equivalente, los ha convertido en un blanco frecuente de modalidades como phishing, smishing, vishing, fraudes con inteligencia artificial y suplantación de identidad.
“Para una persona adulta mayor, perder sus ahorros significa mucho más que un daño económico; en muchos casos implica perder independencia, seguridad y tranquilidad. El impacto suele ser irreversible”, subrayó.
Por ello, la reforma propone adicionar el artículo 386 Bis al Código Penal Federal para que las penas del delito de fraude se aumenten hasta en una tercera parte, en su mínimo y en su máximo, cuando se utilicen medios electrónicos, informáticos o digitales y la víctima sea una persona adulta mayor, conforme a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El diputado Emilio Suárez recordó que actualmente el Código Penal Federal no contempla un agravante por edad de la víctima en delitos patrimoniales, pese a que ya existen precedentes legislativos de protección reforzada para grupos vulnerables.
“El Estado tiene la obligación de proteger a las personas adultas mayores frente a nuevas formas de delincuencia. Esta reforma busca cerrar una laguna legal y enviar un mensaje claro: quien defraude digitalmente a un adulto mayor enfrentará consecuencias penales más severas”, concluyó.
