Cientos de personas —entre ellas integrantes de colectivos de búsqueda, activistas y familiares— marcharon este domingo por el centro de Guadalajara para exigir a las autoridades intensificar la búsqueda de personas con vida y crear una fiscalía especializada en desapariciones que sea autónoma y cuente con presupuesto propio.
La movilización se realizó en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto. Jalisco acumula 16 mil 192 personas desaparecidas o no localizadas, según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas con corte al 31 de julio de 2026.
La movilización matutina partió de la Glorieta de Las y los Desaparecidos y culminó frente a Palacio de Gobierno, con la participación de colectivos como Luz de Esperanza, Fundej, Entre el Cielo y Tierra Oficial, Guerreras de San Miguel, Altos Sur en Busca de Ti y Madres Buscadoras.
Héctor Flores González, secretario general de Luz de Esperanza, denunció que en el país no existe una sola fiscalía que cumpla cabalmente con el mandato legal de especialización en desapariciones. “En el país no existe ni una sola fiscalía especializada como lo marca la ley, ni una sola. Puede haber varias de nombre, pero no existe ni una sola”, sostuvo.
El activista advirtió que la fiscalía autónoma ya aprobada en comisiones en Jalisco podría tardar al menos dos años más en operar si no se le asigna presupuesto en el próximo ejercicio. También criticó que Ministerios Públicos manejen cargas de más de 300 carpetas de investigación, lo que en la práctica impide avanzar en los casos.
Marta Leticia García, del colectivo Entre el Cielo y Tierra, centró su intervención en la exigencia de que las búsquedas prioricen encontrar con vida a las víctimas, y relató casos en que el tiempo transcurrido entre el hallazgo de restos y su identificación por el Semefo no correspondió con el tiempo real de desaparición de la persona, lo que —dijo— habría permitido localizarla con vida de haberse actuado a tiempo. García alertó además que el rango de edad de las víctimas de desaparición se ha ampliado a menores de entre 12 y 16 años. “Ahorita se están llevando a nuestros niños, niñas y adolescentes. La edad ha variado, se lo llevan de 12 a 16 años. Es el índice más grande que tenemos de desapariciones”, afirmó.
Otras madres y padres de familia, entre ellos integrantes de Fundej, describieron el desgaste físico y emocional de participar en jornadas de búsqueda en fosas, así como la práctica de las autoridades de retirar las fichas de búsqueda colocadas en la vía pública, algo que calificaron como una falta de sensibilidad institucional hacia el dolor de las familias.
Antes de llegar a Palacio de Gobierno, integrantes de Luz de Esperanza reportaron que policías en bicicleta se acercaron para advertirles —sin que hubiera evidencia de ello en el entorno— sobre un supuesto ataque armado cerca de la Catedral, y les sugirieron no acercarse al lugar. Los manifestantes interpretaron el aviso como un intento de disuadirlos de continuar hacia Palacio de Gobierno, y decidieron seguir con la marcha al no observar ninguna alteración en la actividad de la Vía RecreActiva ni entre las familias presentes.
Un hecho que llamó la atención durante el mitin fue la participación de Luis Mora, policía en activo de Zapopan con 20 años de servicio, quien acudió con chaleco antibalas ante lo que dijo es la negativa de la corporación a otorgarle un dispositivo de Pulso de Vida. Mora acusó a mandos policiales de mantener vínculos con grupos criminales a cambio de dinero y relató el caso de su primo, desaparecido durante un mes hace aproximadamente cuatro años, cuyo cuerpo —dijo— la familia recibió incompleto y seis meses después de haber sido identificado. El oficial también denunció haber sido víctima de atentados y de represalias laborales por negarse a aceptar sobornos.
Francelia Hernández Cuevas, secretaria técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI), participó en la marcha para ofrecer acompañamiento a las familias y reconoció que la dependencia enfrenta carencias de personal para brindar una atención adecuada. Detalló que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral cuenta este año con un presupuesto de 40 millones de pesos, de los cuales se han ejercido cerca de 31 millones, y que existen aproximadamente 400 expedientes en trámite relacionados exclusivamente con el delito de desaparición. Explicó que acceder a esos recursos requiere una sentencia favorable o una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Al mediodía, familiares acudieron a una misa en el Santuario de los Santos Mártires Mexicanos, en el Cerro del Tesoro, Tlaquepaque, donde decenas asistieron vestidas de blanco, con fotografías de sus seres queridos impresas en playeras, mantas y fichas de búsqueda.
Durante la homilía, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, advirtió que buena parte de las desapariciones que ocurren actualmente en Jalisco, especialmente entre adolescentes y jóvenes, responden a una lógica de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, que ve en ellos mano de obra “más redituable” para sus actividades. El religioso cuestionó por qué, pese al conocimiento de este patrón, las autoridades no han logrado detenerlo.
Robles Ortega describió como una herida personal el recorrido cotidiano frente a las vallas y bolardos del Centro histórico cubiertos de fotografías de personas desaparecidas. “Esas fotografías no son un número, detrás de cada rostro hay una vida, hay una persona, hay una historia de vida; detrás de cada rostro aquí que veo congelado hay una familia que sufre porque no saben nada de ese ser querido”, afirmó. Calificó la crisis de desapariciones como una forma de violencia que impide hablar de paz mientras no se resuelva, y remarcó que la responsabilidad de localizar a las víctimas recae en el Estado, no en los familiares.
Al cierre de la jornada, familiares reiteraron su exigencia de que la búsqueda de personas desaparecidas no dependa del esfuerzo de los colectivos, sino que se convierta en una obligación efectiva del Estado, y llamaron a que el respaldo social mostrado durante la misa y la marcha se traduzca en acompañamiento permanente.
