Sepa La Bola
Claudia Bolaños
Imagina que pasa 21 años trabajando en un mismo lugar y que, de la noche a la mañana, te dan las gracias. Sin liquidación, sin mayor explicación y con el argumento de que “se perdió la confianza”. Pues eso es, según trabajadores, lo que ha ocurrido con servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes desde hace meses han sido despedidos y se van con las manos vacías.
Es increíble que esto suceda en un organismo que, justamente, existe para defender los derechos humanos, entre ellos los laborales.
La Comisión sigue envuelta en movimientos de personal que, de acuerdo con versiones internas, alcanzan distintas áreas de la institución.
Mientras unos trabajadores son separados de sus cargos bajo el argumento de pérdida de confianza, otros cuestionan las decisiones administrativas y el rumbo que ha tomado el organismo.
Otro de los puntos que genera inconformidad es el estado de los ombudsmóviles, unidades que permanecen detenidas y deteriorándose, pese a que fueron adquiridas para acercar los servicios de la Comisión a la ciudadanía. El reclamo es claro: hay recursos públicos inmovilizados mientras se reducen espacios y personal.
También está bajo la lupa el gasto realizado para la elaboración del Informe 2025. Al interior de la Comisión hay quienes cuestionan cuánto costó ese ejercicio y si era una prioridad en medio de los recortes y despidos que enfrenta la institución.
Como si eso no bastara, también circulan señalamientos sobre la presencia de familiares de funcionarios dentro de la Comisión, lo que alimenta dudas sobre los criterios de contratación y permanencia. Entre despidos, recursos desaprovechados y cuestionamientos por posibles vínculos familiares, la Comisión de Derechos Humanos enfrenta un desafío que no puede ignorar: demostrar que los derechos que exige para otros también los respeta al interior de su propia casa.
Y Sepa La Bola pero también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nació para ser un contrapeso del poder y una voz para las víctimas, hoy enfrenta uno de los momentos más cuestionados de su historia. Uno fe los ejemplos mas emblemáticos fue la recomendación sobre el caso Ayotzinapa ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos por eximir de responsabilidad al Ejército y desacreditar el trabajo de expertos independientes y colectivos que durante años han acompañado a las familias de los 43 normalistas.
El documento, de más de 800 páginas, no solo ha provocado críticas por su contenido, sino también por el tono con el que cuestiona a organizaciones civiles y organismos internacionales como el GIEI.
Lo preocupante es que la discusión ya no gira únicamente sobre Ayotzinapa, sino sobre la credibilidad de la propia Comisión. Un organismo defensor de derechos humanos pierde fuerza cuando sus resoluciones generan más dudas que confianza. La autonomía, la verdad y la defensa de las víctimas son el patrimonio más importante de la CNDH; sin ellos, su papel como institución queda inevitablemente bajo escrutinio.
