La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), se reunió con funcionarios públicos y representantes de los sectores social y privado para analizar la iniciativa presidencial que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
El legislador explicó que la propuesta busca modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y aprovechar las herramientas digitales para facilitar las operaciones de las personas, los comercios y las autoridades.
Por ello, consideró que corresponde ahora al Poder Legislativo estudiarla con seriedad, fortalecerla donde sea necesario y garantizar que sus objetivos puedan traducirse en beneficios concretos para la población.
Precisó que el desafío no será únicamente aprobar un nuevo marco jurídico, sino garantizar que pueda aplicarse de manera ordenada y coordinada en los tres órdenes de gobierno con infraestructura suficiente, reglas claras y una transición que considere las distintas realidades económicas, sociales y territoriales de nuestro país.
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, expuso que la Ley de Economía Digital impulsa el desarrollo económico al reducir costos y tiempos de transacción, facilita el intercambio entre personas y empresas y favorece la inclusión financiera y la formalización.
Para garantizar el funcionamiento de los pagos digitales, dio a conocer que las autoridades competentes deberán llevar a cabo planes, políticas y programas de conectividad que faciliten el acceso a la población de los pagos digitales.
Señaló que esta Ley establece mecanismos de inclusión financiera y desarrollo económico y determina que las autoridades deberán eliminar barreras regulatorias al crédito, en tanto los tres órdenes de gobierno deberán impulsar soluciones tecnológicas que promuevan la actividad económica en colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
En el ámbito privado, los comercios que decidan aceptar pagos digitales deberán habilitar la infraestructura necesaria, informar a sus clientes qué medios de pago aceptan y atender las falles de operación, agregó.
Para el sector público, se habilita, dijo, a los tres niveles de gobierno para aceptar pagos digitales en los trámites y servicios que brindan, y para ello deberán habilitar la infraestructura necesaria para recibirlos.
Subrayó que con la aprobación de la Ley es importante promover de manera masiva el uso de pagos digitales y electrónicos pues esto contribuirá al desarrollo de las micro y pequeñas empresas, y, en general, a la prosperidad económica del país, sus regiones, localidades y barrios.
A su vez, Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, comentó que se ha venido trabajando con la Secretaría de Hacienda y con la Agencia de Transformación Digital para facilitar la apertura de cuentas desde los dispositivos móviles.
De tal forma que se está en un momento decisivo para cambiar la realidad del país, aprovechando el potencial de los pagos electrónicos y digitales, y con ello mejorar radicalmente la vida de las personas, apuntó.
A su vez, Othón Moreno González, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercado del Banco de México, dijo que la Ley de Economía Digital es un proyecto que se ha trabajado con la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para impulsar la adopción de los pagos digitales.
Manifestó que dentro de las atribuciones que le corresponden al Banco de México, se busca que la apertura de cuentas sea lo más fácil posible para atender a una mayor cantidad de personas, pero al mismo tiempo se tiene que evitar el riesgo de que estas cuentas sean utilizadas para el uso recursos de procedencia ilícita.
Es decir, que se permite una apertura sencilla para cuando las operaciones sean de menores montos y esto disminuye los riesgos, pues lo que se busca es seguir otorgando facilidades para permitirles a los pequeños comercios incrementar su nivel de operación, sin ponerlos en riesgo de algún delito financiero.
