Entre reclamos de justicia, cantos y el acompañamiento de sus padres, familiares, servidores de la Iglesia y activistas, este viernes se llevaron a cabo las exequias e inhumación de Reynaldo Pérez Pérez, profesor e indígena tzotzil defensor de derechos humanos, asesinado a balazos el pasado miércoles en la comunidad de Yabteclum, en el municipio de Chenalhó.
De profesión maestro e hijo de un pastor evangélico, Reynaldo dedicó sus últimos años a la defensa de más de 60 familias expulsadas de la comunidad Santa Martha tras los hechos violentos de junio de 2022. En fechas recientes, también había visibilizado el asedio de un grupo civil armado contra pobladores indígenas de la localidad Tzanembolom Alto.
Al momento de su muerte, colaboraba activamente con la Organización Cuerpo Diplomático Mundial de Paz, desde donde documentaba de manera independiente despojos, presuntas agresiones y violaciones a los derechos humanos en los Altos de Chiapas.
El crimen ocurrió la tarde del miércoles cuando el defensor aguardaba afuera de un taller mecánico en Yabteclum para dar mantenimiento a su vehículo. Al lugar arribaron dos sujetos a bordo de una motocicleta; uno de ellos descendió y le disparó a quemarropa en al menos siete ocasiones con un arma calibre 9 milímetros.
Reynaldo perdió la vida instantáneamente frente a su hijo de 9 años, con quien había acudido al establecimiento.
A pesar de que desde 2023 contaba con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tras reiteradas amenazas de muerte por su labor comunitaria, la protección resultó ineficaz: al momento del ataque, el botón de pánico con el que contaba no le funcionó para alertar a las autoridades.
El homicidio generó la inmediata condena de más de una veintena de organizaciones civiles y académicas -entre ellas el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX, el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), el Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., el OSHRA y el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas-.
“Que haya sido asesinado mientras contaba con medidas de protección hace indispensable esclarecer las circunstancias del ataque y evaluar la pertinencia, la implementación y la efectividad de dichas medidas”, expresaron los colectivos en un comunicado conjunto, recordando que Reynaldo era también un sobreviviente del desplazamiento forzado.
Por su parte, el fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que las investigaciones continúan abiertas para dar con los responsables del homicidio y garantizó que el crimen no quedará impune. Pese al despliegue policiaco en la zona, hasta el momento no se reportan personas detenidas.
Para el abogado y exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Diego Cadenas, la violencia en Chenalhó responde a estructuras armadas que han perpetuado el control territorial desde el conflicto poselectoral de 2015-2018.
En su análisis “De Acteal al asesinato de Reynaldo Pérez Pérez: la violencia que persiste en Chenalhó”, Cadenas expone que “la muerte de Reynaldo Pérez, después de años de amenazas y acompañamiento a comunidades desplazadas, nos recuerda las consecuencias de la persistencia de conflictos armados insuficientemente atendidos”.
La irrupción en julio de 2021 del grupo de autodefensa El Machete en la región de Chenalhó y Pantelhó, intensificó la espiral de violencia que aquejaba a la zona. Este grupo surgió para confrontar el control caciquil de la familia Herrera, la cual mantenía el dominio de la vida política, así como de las actividades legales e ilegales en esta región de Chiapas.
El primer hecho de alto impacto atribuido a esta coyuntura fue la desaparición forzada de 21 personas, cuyo paradero aún se desconoce. A partir de ese momento, se desató una ola de ejecuciones de personajes vinculados directa o indirectamente con el conflicto.
Periodistas y analistas de la historia reciente señalan una alarmante similitud entre las condiciones actuales y los antecedentes que derivaron en la Masacre de Acteal en 1997; en ambos escenarios coincide el diagnóstico: la absoluta ausencia del Estado de derecho.
Recuento de ejecuciones vinculadas al conflicto
- Simón Pedro Pérez López: Defensor de derechos humanos, asesinado en Simojovel, Chiapas, el 5 de julio de 2021.
- Gregorio Pérez Gómez: Fiscal de Asuntos Indígenas, asesinado en San Cristóbal de Las Casas el 11 de agosto de 2021.
- Petrona López Pérez: Cónyuge de Daniel López Méndez (comandante de El Machete), asesinada en Pantelhó el 3 de marzo de 2023.
- Gilberto Pérez Gómez: Conocido como comandante “Tigre” (El Machete), asesinado en Polhó, Chenalhó, en junio de 2023.
- Marcelo Pérez Pérez: Sacerdote y activista, asesinado en San Cristóbal de Las Casas el 20 de octubre de 2024.
- Fernando Ruiz Hernández: Conocido como “El Cura”, asesinado en la comunidad La Esperanza, Chenalhó, el 3 de julio de 2026.
- Reynaldo Pérez Pérez: Profesor y defensor indígena de Chenalhó, asesinado en Yabteclum, Chenalhó, el 28 de octubre de 2026.
