Habitantes de las comunidades de Punta de Mita y Emiliano Zapata, junto con defensores del medio ambiente, rechazaron la propuesta de la empresa Cantiles de Mita, del Grupo DINE, de retroceder sólo cinco metros la obra de un muro de piedra en la playa Las Cocinas, punto de discordia con la firma constructora y los pobladores, quienes señalan un abuso de la firma.
En una asamblea popular, los ciudadanos exigieron un retiro mínimo de 20 metros para salvaguardar la zona federal y área de desove de la tortuga gigante, especie que requiere de grandes extensiones de arena para anidar, expusieron.
Durante la reunión, celebrada en la plaza pública de Emiliano Zapata, el activista Efraín López consultó a los asistentes sobre el ofrecimiento de la desarrolladora; la respuesta fue un “¡no!” unánime al espacio de cinco metros, así los habitantes reafirmaron la decisión de recuperar 20 metros de litoral.
El ambientalista advirtió que Las Cocinas representa el último tramo de costa virgen accesible para la comunidad y un sitio crítico para el desove de la especie marina.
A causa de la instalación de desarrollos de alta gama en la zona, los pobladores han denunciado que los empresarios captan millones de dólares frente a los bajos ingresos de la población, aunado a la edificación de un muro en la zona de playa, lo que consideran un robo al espacio público y a los habitantes de Bahía de Banderas.
Al encuentro llegó el alcalde Héctor Santana, lo que ocasionó enojo y diferencias en la comunidad de Punta de Mita, quienes han denunciado que durante la mayor parte del conflicto el edil ha sido omiso.
Las inconformidad de vecinos surgió a raíz de los destrozos causados en la Playa Las Cocinas por la empresa Cantiles de Mita del grupo DINE que construye residencias de lujo y se ha apoderado de la zona de arena, al mismo tiempo ha removido gran cantidad de piedras y vegetación, entre ellos mangle de la zona federal. Los inconformes sólo han pedido que no se toque dicha zona federal y restaure lo afectado, pero la compañía se ha negado.
El conflicto, que recién derivó en bloqueos carreteros y la detención de manifestantes, atrajo la atención de autoridades federales.
Pese a que el gobierno de Nayarit y la Secretaría de Medio Ambiente admitieron que el proyecto carece de una Manifestación de Impacto Ambiental formal, las obras han continuado bajo resguardo policial, lo que mantiene la tensión en la zona.
