Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes presentará al Congreso de la Unión dos propuestas de ley para ordenar las concesiones de agua y garantizar que el recurso sea gestionado por el Estado.
Sheinbaum explicó que el objetivo principal es regular el agua como un recurso escaso y evitar que se trate como mercancía.
“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía cuando es un recurso escaso, y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares”, dijo Sheinbaum Pardo.
La mandataria recordó que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se modificó la ley para permitir la transmisión de derechos del agua entre privados.
Entre las dos propuestas, la Ley de Aguas Nacionales será la que reciba cambios más importantes. Además, se incluirán sanciones para quienes roben agua o no reporten cambios de uso en las concesiones.
El director general de la CONAGUA, Efraín Morales López, explicó que el decreto permitirá flexibilizar la regularización de títulos de concesión vencidos, beneficiando especialmente a pequeños y medianos productores agrícolas.
“Esto les dará certeza jurídica, acceso a créditos, subsidios y programas”, señaló Morales López.
El decreto busca recuperar hasta 4 mil millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a 4 años de suministro para la Ciudad de México, luego de revisar más de 536 mil títulos de concesión.
El subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, advirtió que muchos títulos de uso agrícola se utilizan para fines industriales, balnearios, clubes de golf o para venta de agua en pipas, lo que genera dudas sobre la legalidad y ética de estos usos.
“Hemos encontrado aprovechamientos que surten hasta 200 pipas al día, a precios de 2,000 a 3,000 pesos cada una”, explicó.
Morales López señaló que algunos particulares poseen múltiples títulos de concesión y los venden cuando hay demanda para industrias o desarrollos habitacionales.
“Durante el período neoliberal se trató al agua como mercancía, lo que provocó acaparamiento y especulación con los títulos”, afirmó.
El decreto y las leyes propuestas buscan poner orden, proteger el agua y garantizar que su gestión sea pública, priorizando la producción de alimentos y el bienestar social.
