Organizaciones sociales mostraron preocupación por la crisis de desplazamiento forzado que enfrenta actualmente Chihuahua, en especial la Sierra Tarahumara, donde los casos se triplicaron entre 2021 y 2025 debido al apoderamiento de las tierras por parte del crimen organizado.
Lo anterior luego de presentar los resultados del informe sobre el desplazamiento forzado interno en Chihuahua, generado por la Misión Civil de Observación que fue integrada por 8 organizaciones sociales como la Red TDT, Tlachinollan, Serapaz, con el acompañamiento de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
De acuerdo con estimaciones plasmadas en el informe, el estado de Chihuahua, junto con Michoacán y Sinaloa, es uno de los tres estados del país que concentran la mayor cantidad de personas desplazadas, en 2025 se registraron al menos 4,492 casos dentro de las cuales 1,335 salieron solo del municipio de Guadalupe y Calvo. Y en julio de este año, en conferencia de prensa, la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno reportó al menos 5,000 “atenciones”.
Se dijo que las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara enfrentan impactos desproporcionados: pérdida de territorio, ruptura de prácticas culturales, formas de organización comunitaria y vínculos espirituales con la tierra.
Aunado a que la Misión constató la insuficiencia de la respuesta institucional, la persistencia de violencia institucional, la ausencia de condiciones para retornos seguros y la falta de acceso a la justicia.
Se destacó que las personas se ven forzadas a desplazarse de su comunidad debido a diversos factores, como el contexto regional del Triángulo Dorado, una zona de importancia histórica para el narcotráfico.
Sin embargo, la Misión también documentó el creciente interés de los grupos del crimen organizado por controlar el territorio serrano, sus recursos naturales, principalmente el agua y la madera, y la economía local.
Incluso se habló sobre intereses del crimen ajenos al robo de recursos naturales, ya que se especula que buscan apoderarse de las tierras serranas por el simple hecho de ser zonas lejanas, de difícil acceso, donde puede realizar actividades criminales con mayor impunidad.
Ello a través de ataques focalizados como amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas, en contra de ciertos liderazgos comunitarios para amedrentar a sus familias y al resto de la población.
Sin embargo, si eso no es suficiente, comienzan los ataques generalizados con armas de alto calibre y drones con explosivos, los cuales son usados en contra de la población civil de forma indiscriminada.
En este contexto se dijo que hay 89 denuncias por el delito de Desplazamiento Forzado Interno, pero solo existen dos sentencias condenatorias.
“Recabamos diversos testimonios que aseguraban que el gobierno del estado presionó a las personas desplazadas para obligarlas a regresar a sus comunidades sin que hubiera garantías de seguridad para ellas durante la permanencia, y no nada más en el traslado”, plasma el informe.
