Este martes 3 de noviembre entran en vigor las medidas impulsadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para restringir el uso de celulares en todas las escuelas del país y que incluye medidas diferenciadas por nivel educativo.
La regulación, resultado del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre pasado, aplica tanto a escuelas públicas como particulares que formen parte del Sistema Educativo Nacional desde prescolar hasta universidades.
En el caso de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, los alumnos podrán llevar sus teléfonos celulares, pero deberán mantenerlos guardados la jornada, sin utilizarlos en clases ni en los descansos.
El acuerdo también contempla restricciones para otros dispositivos inteligentes y electrónicos personales, con el objetivo de reducir las distracciones, favorecer la convivencia escolar y mejorar las condiciones para el aprendizaje.
Sin embargo, el documento establece excepciones para el uso de dispositivos para actividades educativas previamente programadas, siempre que tengan una finalidad pedagógica y se realicen bajo la orientación de los docentes. También permite su utilización en emergencias personales, por necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión y otras situaciones extraordinarias.
Para los estudiantes de educación media superior, las restricciones serán diferentes. Cada institución deberá definir las condiciones de uso mediante acuerdos con su comunidad educativa, considerando sus características y necesidades particulares.
Entre las opciones previstas se encuentra la posibilidad para las escuelas de mantener los celulares en resguardo durante las clases, permitir su utilización en determinados horarios y espacios o restringirlos durante toda la jornada.
En educación superior no se establece una prohibición general. Las instituciones deberán fomentar el uso responsable y seguro de los dispositivos electrónicos, respetando la autonomía universitaria y los acuerdos de cada comunidad educativa.
La implementación también contempla un periodo de 180 días naturales para que las autoridades educativas estatales emitan o armonicen sus disposiciones. Las medidas deberán adaptarse a las condiciones de cada entidad y comunidad escolar.
Ante la entrada en vigor de la regulación, México Evalúa recomendó acompañar las restricciones con medidas que garanticen el acceso a herramientas tecnológicas y permitan evaluar sus efectos sobre el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.
La organización advirtió que únicamente 35 por ciento de las escuelas públicas de educación básica cuentan con computadoras e internet para fines pedagógicos. Además, para 56.3 por ciento de los usuarios de celular de entre seis y 17 años, el teléfono representa su única herramienta digital.
Por ello, recomendó fortalecer la infraestructura tecnológica y evitar que las restricciones impidan aprovechar los dispositivos con fines educativos, especialmente en planteles que carecen de alternativas institucionales.
También planteó incorporar programas de alfabetización digital, pensamiento crítico y ciberseguridad en las normativas estatales y en los trabajos de los consejos técnicos escolares, además de ofrecer capacitación a docentes y orientación a las familias.
En materia de evaluación, la agrupación propuso establecer indicadores que permitan medir el cumplimiento de las restricciones, su efectividad pedagógica, el clima escolar y el aprovechamiento académico, con resultados públicos y desagregados por nivel educativo.
Finalmente, recomendó que la SEP establezca criterios comunes para orientar a las entidades federativas en la elaboración de protocolos de resguardo de dispositivos, autorización de excepciones y mecanismos de comunicación con las familias ante situaciones de emergencia.
