El Diputado Federal Miguel Alonso Reyes presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, para establecer mecanismos de supervisión, auditoría y sanciones económicas que garanticen la igualdad salarial en empresas públicas, privadas y sociales. La propuesta plantea que no exista diferencia en las remuneraciones por razón de género, edad, estado civil, embarazo, responsabilidades de cuidado u otras condiciones que generen desigualdad.
Destacó que la discriminación salarial afecta de manera más severa a mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes y mujeres que trabajan en sectores precarizados, por lo que enfatizó que esta reforma responde a una demanda histórica de las mujeres mexicanas y a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. Asimismo, sostuvo que garantizar la igualdad salarial, es un paso indispensable para construir un país más justo, competitivo e igualitario.
El proponente explicó que la reforma permitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contar con herramientas claras para verificar el cumplimiento, exigir reportes salariales, ordenar auditorías y sancionar a quienes incurran en prácticas discriminatorias. En ese sentido, subrayó que la iniciativa promueve la construcción de “una cultura laboral basada en la transparencia, la corresponsabilidad y el respeto a los derechos de las mujeres”.
“La igualdad salarial no debe ser vista como una carga administrativa ni como un asunto menor, sino como un componente esencial de la ética corporativa y de la competitividad económica comprometida con el desempeño laboral”, afirmó.
Recordó que en México la ausencia de un marco legal específico que obligue a las empresas a demostrar el cumplimiento de la igualdad salarial ha permitido que la brecha persista sin consecuencias reales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres ganan en promedio entre 12 y 20 por ciento menos que los hombres por realizar trabajos de igual valor, dependiendo del sector económico y del tipo de ocupación (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2024).
Sostuvo que la experiencia internacional y reportes de la Organización Internacional del Trabajo, demuestran que los países que han adoptado leyes de igualdad salarial con mecanismos de supervisión obligatorios —como auditorías salariales, reportes anuales de brechas, certificaciones de igualdad y sanciones económicas significativas— han logrado avances sustantivos en la reducción de la discriminación salarial.
Finalmente, el Congresista del PRI enfatizó que la creación de mecanismos de supervisión y sanción permitirá cerrar la brecha entre la legislación y la realidad, asegurando que la igualdad salarial deje de ser un principio aspiracional para convertirse en un derecho plenamente exigible.
