Este jueves la ministra Lenia Batres Guadarrama protagonizó, una vez más, un desencuentro con sus compañeros en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que rechazaron uno de sus proyectos de resolución y afirmó que se trató de una represalia en su contra por solicitar al Órgano de Administración Judicial (OAJ) que no restituya el seguro de gastos médicos mayores que tenían los trabajadores del Máximo Tribunal.
La ministra presentó un proyecto para resolver una contradicción de criterios sobre si las notificaciones a las autoridades responsables en juicios de amparo pueden realizarse mediante oficios o deben ser por medio de las listas judiciales.
Sin embargo, sus ocho compañeros se opusieron al proyecto al considerar que el criterio propuesto por la ministra, que era declarar que todas las notificaciones -incluso las de trámite- a las autoridades responsables se deben realizar mediante oficios, tenía un impacto negativo en la tramitación de los juicios de amparo porque ello implicaría, entre otras cosas, dar un trato desigual entre las partes, además de que la Ley de Amparo prevé expresamente que no todas las notificaciones a las autoridades responsables deben realizarse por oficio.
“La ley es clara de cuándo procede la notificación por oficio a la autoridad y me parece que introducir el tema de la función pública no va al caso porque no se está discutiendo la función pública sino cuál es el procedimiento y cuáles son los mecanismos para que las partes en el juicio tengan conocimiento oportuno y legal de los actos que se emiten durante el procedimiento y con la sentencia, me parece que son temas procesales en los que no tiene que ver la calidad de la función pública o del funcionario público”, enfatizó la ministra María Estela Ríos.
Pese a que los ministros expresaron sus razones, Batres reprochó que las posturas de sus compañeros no tuvieran que ver con criterios jurídicos sino con sus posturas políticas y ofreció retirar su proyecto.
“Lamento que haya este ánimo en una discusión meramente jurídica, espero que no sean otros elementos que intervienen permanentemente aquí en los ánimos de los ministros los que los lleven a sostener, sin argumentos, porque no veo yo que se refieran expresamente al criterio”, dijo.
“Veo un ánimo difícil, yo espero que no suceda ese ánimo en todos los casos que presente, porque veo que sería muy insano que no tenga que ver con criterio jurídico sino con posiciones que he sostenido de otra índole en la que podrían ministras y ministros no están de acuerdo, no estamos discutiendo eso y quisiera creer que retirándolo me van a enviar muy puntualmente sus observaciones y podremos integrar un criterio jurídico”.
Batres agregó que esperaba que sus compañeros no estuvieran en contra de su proyecto por un oficio que envió al Órgano de Administración Judicial sobre el presupuesto de la Corte.
“Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones y de verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, añadió.
El ministro presidente, Hugo Aguilar afirmó que él no tenía conocimiento del oficio referido por Batres y que se estaba enterando en el momento en que la ministra lo mencionó; en tanto, Yasmín Esquivel Mossa, rechazó las acusaciones de la ponente y pidió conocer el contenido del oficio pues afirmó enterarse también en ese momento.
“Yo no veo dónde está ninguna de las consideraciones ni expresiones hacia la persona de la ministra ponente, de ninguna manera, son expresiones en contra del proyecto que nos presenta”, apuntó.
“No sé dónde están las dudas y bueno, este oficio que se envía al Órgano de Administración Judicial, pues sería muy conveniente que nos dijeran de qué se trata, nos estamos enterando en este momento un tema que no tiene nada que ver con el debate sobre una contradicción de criterios sobre la notificación a las autoridades, entonces nuestras propuestas e intervenciones de todos los ministros son intervenciones sumamente serias, producto del estudio, de la reflexión que aquí se vienen a plantear y no tiene que ver con cuestiones totalmente ajenas con relación a pronunciamientos sobre la ministra ponente, únicamente nos concretamos a lo que dice la ley”.
Finalmente, el proyecto fue retirado para que todos los ministros envíen sus observaciones a Batres y ella presente otra propuesta.
El desencuentro provocó que el ministro presidente Hugo Aguilar decretara un breve receso para retomar la discusión del resto de asuntos.
En redes sociales, Batres recordó que el pasado 6 de agosto en sesión privada el Pleno de la Corte elaboró la propuesta de presupuesto que enviaría al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para que este lo incluya en el proyecto que enviará a la Secretaría de Hacienda para la elaboración del PEF 2027 y que ella votó en contra.
Según lo publicado por Batres, en su propuesta el Pleno pidió al OAJ 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos de presupuesto para el 2027, lo que implica un incremento del 17.2% del presupuesto que ejerce actualmente la Corte.
Además, que solicitó la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 trabajadores del Máximo Tribunal, que fue eliminado el año pasado, con base en el Décimo Transitorio de la reforma judicial.
Por ello, este jueves envió al presidente del OAJ, Néstor Vargas un escrito para que rechace la restitución del seguro de gastos médicos mayores.
“Uno de los principales motivos de la reforma judicial fue suprimir los gastos onerosos que realiza el Poder Judicial y contribuir con la política de austeridad del Estado mexicano a redirigir esos gastos hacia la población mexicana”, señaló en su escrito.
“Actualmente, el Poder Judicial paga las cuotas de ISSSTE de mandos medios y superiores. No se justifica que se paguen con dinero público seguros privados de gastos médicos mayores, menos aún si están prohibidos por la ley. Nuestras remuneraciones permiten que, quien lo desee, lo pague con su sueldo. Solicito que el Órgano de Administración que usted preside suprima esos privilegios que ya se habían eliminado en ejercicios presupuestales anteriores”.
