El diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con el propósito de incorporar la educación financiera como un contenido obligatorio en los planes y programas de estudio de la educación básica y media superior.
La propuesta, turnada a la Comisión de Educación, establece que la educación financiera se impartirá de manera progresiva y transversal, y será promovida como un eje formativo para el bienestar individual, familiar y social, con el objetivo de desarrollar en las y los educandos las capacidades necesarias para la administración responsable, informada y sostenible de sus recursos económicos.
Asimismo, prevé que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen acciones para fomentar hábitos de ahorro, planeación financiera y consumo responsable; desarrollar habilidades para la toma de decisiones económicas informadas, prevenir el sobreendeudamiento, promover el uso responsable del crédito, difundir conocimientos básicos sobre el sistema financiero y promover el ejercicio de los derechos de las personas usuarias de servicios financieros.
Precisa que la educación financiera deberá integrar, al menos, la administración del ingreso y del gasto personal y familiar, la cultura del ahorro y la previsión económica, el uso responsable del crédito, la comprensión de conceptos como tasas de interés, inflación, comisiones y costo total del financiamiento, la planeación financiera a corto, mediano y largo plazo, la prevención del sobreendeudamiento, así como los derechos y obligaciones de las personas usuarias de servicios financieros.
Formará parte obligatoria de los planes y programas de estudio de la educación básica y media superior, y que se imparta de manera progresiva, transversal y adecuada a cada nivel educativo.
Puntualiza que su enseñanza deberá orientarse al desarrollo de capacidades prácticas para que las y los estudiantes puedan tomar decisiones económicas informadas en su vida cotidiana.
En la exposición de motivos, la propuesta que reforma la fracción XIV y adiciona la fracción XXVI, dos párrafos al artículo 30, así como el artículo 30 Bis, señala que la economía familiar en México enfrenta una presión estructural derivada de la inflación persistente, el acceso amplio, pero poco comprendido, al crédito y la ausencia de capacidades financieras básicas, situación que ha generado un patrón de sobreendeudamiento, bajo ahorro y decisiones económicas que limitan el bienestar de los hogares.
Añade que una proporción significativa de la población desconoce conceptos esenciales relacionados con los servicios financieros y la mayoría de los hogares carece de hábitos de planeación financiera y ahorro.
Menciona que estudios realizados por instituciones académicas nacionales e internacionales muestran que la educación financiera mejora la capacidad de planeación, ahorro e inversión, por lo que considera que esta formación debe comenzar desde la educación básica.
Refiere que organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el G20 recomiendan incorporarla de manera temprana, continua y obligatoria, mientras que diversos países ya la han integrado a sus programas educativos, a diferencia de México donde persiste la falta de obligatoriedad curricular y de una política pública integral.
El legislador sostiene que la iniciativa busca establecer una política pública obligatoria en materia de educación financiera, definir contenidos mínimos y fortalecer la participación institucional, a fin de contribuir al fortalecimiento de la economía familiar, reducir los riesgos de sobreendeudamiento e incrementar la autonomía económica de la población.
