El Órgano de Administración Judicial (OAJ) federal ordenó redistribuir las cargas de trabajo entre los diversos juzgados de Distrito y tribunales Colegiados del país, extinguir algunos y readscribir personal a otros para abatir el rezago que existe en determinados órganos jurisdiccionales.
Ayer, el Pleno del Órgano presidido por Néstor Vargas publicó el Acuerdo General AG-POAJ-013/2026 en el que estableció las nuevas medidas para “mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación”.
En el documento el OAJ recordó que desde el 6 de noviembre de 2025 la presidenta de la Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales, Catalina Ramírez Hernández, ordenó a la Secretaría Ejecutiva realizar un estudio técnico a nivel nacional sobre la distribución y cargas de trabajo de los juzgados y tribunales federales para identificar posibles asimetrías en la asignación de asuntos que provocan rezago.
El informe derivado de dicho análisis fue presentado a la Comisión desde el 2 de diciembre de 2025 y entregado al Pleno del OAJ el 14 de enero siguiente.
“El diagnóstico a nivel nacional sobre la distribución y cargas de trabajo de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y Juzgados de Distrito revela un desequilibrio significativo en las cargas de trabajo y el número de asuntos en existencia final y pendientes de resolución entre los órganos jurisdiccionales de los diversos circuitos judiciales ligados a la productividad y rezago de estos”, señaló el OAJ.
“Es imperativo establecer medidas para mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales y optimizar los tiempos en el dictado de sentencias poniendo énfasis en aquellos órganos jurisdiccionales que presenten un mayor número de asuntos pendientes de dictar sentencia, mediante acciones administrativas encaminadas a atender las necesidades de los órganos, tomando en cuenta el número, tipo y materia de su especialidad, bajo una estrategia integral”.
Por ello, el Pleno del OAJ ordenó a la Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales proponer una reorganización, conversión, ampliación de competencia, cambio de especialización o conclusión de funciones de juzgados y/o tribunales conforme a las necesidades del servicio.
Como parte de esto, los funcionarios más afectados serán los secretarios de juzgados y tribunales que, comúnmente pueden ser designados temporalmente en funciones de jueces o magistrados, pues son quienes podrán ser cambiados de adscripción.
“Se instruye a la Comisión de Adscripción efectuar las acciones pertinentes para proponer a este Pleno los cambios de adscripción, readscripciones, reubicaciones y, en su caso, designaciones de personas secretarias en funciones a fin de cubrir las plazas vacantes de titulares de los diferentes órganos jurisdiccionales producto de las medidas adoptadas”, señaló el OAJ.
Para dar seguimiento a los resultados de estos movimientos, el OAJ ordenó la creación de un Grupo de Trabajo conformado por una persona designada por cada uno de los integrantes del propio Órgano y será coordinado por Néstor Vargas a través de la Coordinación General de Planeación Institucional.
“Dicho Grupo de trabajo coadyuvará junto con las demás áreas administrativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a la ejecución de las acciones que instruya el Pleno del Órgano de Administración Judicial y deberá rendir un informe semestral sobre los avances y resultados en la implementación de las líneas de acción de las Medidas”, precisó el OAJ.
Sin embargo, los primeros órganos jurisdiccionales que deberán apoyar para abatir el rezago son los 10 tribunales colegiados auxiliares y los 17 juzgados de Distrito auxiliares que existen en todo el país pues recibirán los excedentes de expedientes de los otros tribunales colegiados y juzgados de Distrito para continuar su tramitación, dictar las sentencias y vigilar el cumplimiento de sentencias de amparo.
“La mejora del servicio de justicia no puede lograrse a costa de jornadas excesivas, presión laboral o afectaciones a la salud del personal. Por el contrario, debe partir del respeto a la dignidad, estabilidad y derechos de quienes sostienen diariamente el trabajo jurisdiccional”, señaló el Colegio.
Por ello, solicitó abrir un espacio de diálogo entre el TDJ, el OAJ y el personal jurisdiccional para revisar el acuerdo y construir soluciones sin vulnerar derechos laborales.
En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, Jesús Alberto González Pimentel también solicitó que la política de productividad sea diseñada e implementada con pleno respeto a los derechos laborales, la salud y estabilidad del personal de la institución.
“Cualquier evaluación del desempeño debe considerar tanto los elementos cualitativos y cuantitativos de la función judicial como las condiciones reales en que se presta el servicio. No es legítimo atribuir rezagos únicamente al personal cuando persisten cargas extraordinarias, vacantes, ausencia de sustituciones por licencias, deficiencias de climatización, equipos insuficientes y procesos administrativos que dificultan el trabajo cotidiano”, advirtió.
Recordó que en esta nueva política deben ser respetados la irreductibilidad y progresividad salarial, la permanencia en el empleo, la especialización por materia, la jornada legal, el pago de horas extra y la protección integral de la salud física y mental de los trabajadores.
Por ello, solicitó al Pleno del OAJ participar en el diseño, aplicación y revisión de las medidas, criterios de evaluación públicos, objetivos, verificables y vinculados con las condiciones reales de cada órgano jurisdiccional; la corrección inmediata de las carencias de personal, infraestructura, mantenimiento, climatización, tecnología e insumos, el respeto de la jornada laboral, la especialización, la estabilidad en el empleo y los derechos adquiridos, así como el pago de las horas extra.
“Solicitamos la instalación inmediata de una mesa permanente de seguimiento, con participación efectiva de la representación sindical, que sesione de manera ordinaria cada 30 días y extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran”, añadió.
Ante la publicación del acuerdo del OAJ, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal manifestó su preocupación por las medidas aprobadas por el Pleno del máximo cuerpo colegiado del Poder Judicial de la Federación (PJF), por las posibles afectaciones a sus derechos laborales.
“Consideramos que dicho acuerdo, de aplicarse sin un diagnóstico real de las cargas de trabajo y sin escuchar al personal jurisdiccional, puede afectar los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, al incrementar metas, cargas y exigencias sin garantizar condiciones dignas, jornadas razonables ni recursos suficientes.
