La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) señaló que los comisionados municipales en Oaxaca, que dependen de la Secretaría de Gobierno, son personas afines o a modo que han generado desvíos de recursos, ya que no tienen la obligación de rendir cuentas sobre este dinero.
En ese sentido, en conferencia de prensa, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que audite los ejercicios fiscales de todos los municipios, incluido San Juan Mazatlán, de la región mixe de la entidad.
“El comisionado municipal es quien administra los recursos que le transfiere la Federación a los municipios. Desafortunadamente, en la ley municipal de nuestro estado, estos comisionados pueden usar estos recursos federales, del Ramo 28 y 33, pero no tienen la obligación de rendir cuentas sobre estos recursos, por lo que se vuelve un recurso que ambicionan muchos servidores públicos y ponen personas afines a ellos y con eso hacen el desvío de recursos”, señaló.
Cruz Jiménez refirió que el municipio de San Juan Mazatlán no ha podido consolidar un gobierno firme en los últimos tres años, tras la imposición de comisionados municipales que han manejado el recurso de manera discrecional, por lo que reiteró su exigencia de que se audite y regule a estos funcionarios.
Además, dijo tener conocimiento de que no se están ejecutando las obras para las que fueron asignados los presupuestos del Ramo 33, Fondo 3, y en específico el Ramo 33, Fondo 4, que es para seguridad.
“No se está destinando a eso, porque hay un poquito más de discrecionalidad hacia donde se destina este recurso. Lo que sabemos es que tienen obras fantasmas con caminos que van reparando, pero realmente no los realizan, lo hacen a través de empresas fantasmas”, denunció.
Adelantó que en los próximos días presentará un exhorto dirigido a la Auditoría Superior de la Federación para que, mediante Inteligencia Artificial, audite todas estas obras que ya están en las plataformas que así competen al estado, se identifique cuáles sí se ejecutaron, cuáles no y cuál fue el costo real de cada una de ellas.
Agregó que también interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República, porque el Gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, no ha permitido que un presidente municipal entre en funciones, debido a los señalamientos en su contra de que tiene presuntos vínculos con el crimen organizado.
La diputada aseveró que ha recibido amenazas de muerte por las denuncias que ha realizado y responsabilizó al Gobierno de Oaxaca si algo le llega a suceder a ella, a su familia y a su equipo de trabajo.
“Soy de las pocas diputadas que exigen transparencia y que le reclama al gobierno del estado de Oaxaca que no haga bien las cosas.
“Soy de las pocas diputadas que fuimos agredidas con lonas como si fuéramos parte del crimen organizado, nuestros rostros fueron impresos en lonas como si fuéramos criminales.
“Eso me pone en alto riesgo a mí, a mi equipo y a mi familia. Responsabilizo de algo que me pueda pasar al gobernador, así como lo hizo Alejandro Leiva. Yo no quiero hacer una estadística más, señora Presidenta. Temo por mi vida, yo pido una mesa de trabajo con la secretaria de Gobernación”, finalizó.
