Claudia Sheinbaum afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única institución facultada para auditar al Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de los señalamientos sobre contratos por más de 1,800 millones de pesos relacionados con empresas proveedoras durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del organismo.
Explicó que, a diferencia de las dependencias del Gobierno federal, que son revisadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los organismos autónomos son fiscalizados por la ASF.
También, hizo referencia al informe presentado el viernes anterior por el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, ante la Cámara de Diputados. Según explicó, la ASF prepara una revisión de periodos anteriores a 2023 y ya inició una auditoría sobre las operaciones del instituto correspondientes a los años posteriores.
Sheinbaum Pardo indicó que, una vez concluidas las revisiones, las posibles irregularidades deberán seguir las vías institucionales correspondientes: si se detectan hechos que pudieran constituir delitos, se presentarán ante la Fiscalía General de la República (FGR); si se identifican responsabilidades administrativas, se turnarán a las autoridades competentes.
En la misma respuesta, rechazó que las críticas sobre la autonomía del INE deban analizarse sin considerar la historia de las reformas electorales en México. Hizo un recuento desde los cambios posteriores a la elección presidencial de 1988 hasta la reforma de 2014.
Recordó que, después de los cuestionamientos por la elección de 1988, se incorporaron consejeros ciudadanos al entonces Instituto Federal Electoral. Posteriormente, la reforma de 1996 otorgó autonomía al organismo, en un proceso que, afirmó, fue impulsado por el movimiento democrático de aquella época.
En contraste, sostuvo que la reforma de 2014, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto como parte de los acuerdos del Pacto por México, concentró en el INE la facultad de designar a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Antes de ese cambio, explicó, los congresos estatales nombraban a los integrantes de los institutos electorales locales. Con la reforma, esa atribución pasó al Consejo General del INE.
“Puede criticarse esa reforma, pero la verdadera concentración de poder en el Instituto Nacional Electoral se dio en el 2014”, afirmó.
Respecto a la postura del Consejo Coordinador Empresarial sobre la necesidad de preservar la autonomía del INE y aseguró que su gobierno busca un instituto fuerte, pero sostuvo que su función debe ser garantizar la voluntad popular y no representar los intereses de grupos políticos o económicos. “La democracia es la representación del pueblo, es la voluntad popular, es la soberanía, y esa es la que tiene que defender el Instituto Nacional Electoral”, dijo.
