La diputada federal Fuensanta Guerrero presentó la iniciativa de Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, denominada “Ley Rocky”, con la que busca homologar en todo el país los criterios de prevención, atención y sanción de la violencia contra los animales.
La propuesta de la secretaria de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados representa la primera iniciativa integral de carácter nacional en la materia y responde al mandato constitucional de garantizar el bienestar y la protección de los animales como seres sintientes.
Con esta iniciativa, la priista plantea transformar la exigencia social de justicia en una política pública nacional permanente, capaz de prevenir el sufrimiento, proteger a los animales como seres sintientes y asegurar que ningún caso de crueldad vuelva a enfrentar vacíos legales o falta de coordinación institucional.
La iniciativa nace tras la indignación provocada por el caso de Rocky, el perro que murió después de ser arrastrado por un vehículo en Coahuila, hecho que conmocionó al país, pero también recoge miles de denuncias de abandono, envenenamiento, golpes, violencia sexual, peleas clandestinas y otras formas de crueldad que diariamente permanecen impunes.
“Rocky simboliza a todos los animales que han sido víctimas de la violencia. Su historia debe convertirse en un punto de inflexión para construir una política nacional que prevenga el maltrato y garantice justicia”, sostuvo la legisladora zacatecana.
La “Ley Rocky” está integrada por 200 artículos y 15 transitorios, estructurados en 12 ejes estratégicos que establecen un piso mínimo de protección para todo el país, sin sustituir las leyes estatales, sino obligando a que ninguna entidad quede por debajo de esos estándares, señaló Fuensanta Guerrero en su iniciativa.
Entre otros aspectos, crea el Sistema Nacional de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales; establece protocolos obligatorios para denuncias, rescate, atención veterinaria e investigación; fortalece la medicina veterinaria forense; impulsa campañas permanentes de esterilización, vacunación y tenencia responsable; y fija reglas de coordinación entre Federación, estados y municipios.
La propuesta incorpora, además, una docena de beneficios que permitirán actuar con mayor rapidez ante casos de crueldad, fortalecer las investigaciones, proteger a los animales durante los procedimientos, transparentar la actuación de las autoridades y garantizar que la protección animal deje de depender del lugar donde ocurra el delito o de la presión generada en redes sociales.
