Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), y otros nueve elementos de la institución, fueron vinculados a proceso por su posible participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Un juez federal en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, consideró que hay elementos suficientes para procesarlos por delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos, dentro del caso de huachicol fiscal en Tamaulipas.
Durante una audiencia de más de 18 horas, el juez decretó prisión preventiva justificada a los imputados y dio un plazo de seis meses de investigación en el caso del arribo de barcos cargados con diésel a puertos mexicanos con documentos falsos, lo que habría ocasionado un daño económico considerable al país.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), se describió una estructura operativa y financiera facilitada por la complicidad de servidores públicos y miembros de las Fuerzas Armadas.
El vicealmirante Farías Laguna habría tenido funciones de dirección, autorizando perfiles de quienes integrarían la red criminal y coordinando acciones en distintas aduanas estratégicas. Otros acusados, como Climaco N y Humberto N, también figuraron en tareas de mando y facilitación de operaciones.
La audiencia, la FGR sostuvo que los acusados permitieron el ingreso de millones de litros de hidrocarburos a México con documentos presuntamente falsos.
Testigos protegidos de la FGR, identificados como “Santo, JH y HRV”, denunciaron que entre 2024 y 2025 ingresaron más de 32 buques con diésel registrado como aditivos, lo que evitó el pago de impuestos millonarios. El operativo alcanzó estados como Tamaulipas, Colima, Sinaloa y Ciudad de México.
La acusación también involucra a empresarios locales y personas jurídicas que habrían encubierto movimientos y transferencias de fondos derivados del contrabando.
El caso tomó fuerza tras la muerte del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, testigo clave, quien dejó un manuscrito con información relevante antes de ser asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima.
El grupo de imputados está conformado por siete hombres y tres mujeres, una de ellas embarazada, quienes continuarán en prisión durante los seis meses de investigación.
En las próximas horas se determinará la situación jurídica del resto de los 14 detenidos, anunciados por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
