Claudia Sheinbaum, cuestionó el rechazo a la modificación sobre la revocación de mandato incluida en el llamado “Plan B” de la reforma electoral, al considerar que no existieron argumentos suficientes para impedir que este mecanismo pudiera realizarse en un año distinto al cuarto de gobierno.
Explicó que la propuesta buscaba abrir la posibilidad de que la revocación de mandato se realizara en el tercer año de gobierno —coincidiendo con elecciones intermedias— o en otro momento, siempre y cuando fuera solicitada mediante firmas ciudadanas. Sin embargo, dicha modificación al Artículo 35 constitucional fue eliminada durante la discusión legislativa.
“Desde mi punto de vista, no había ningún argumento suficiente para que la revocación no se hubiera podido hacer en 2027 o para el siguiente periodo”, señaló Sheinbaum Pardo, quien atribuyó la decisión a un posible temor de los partidos políticos sobre el impacto electoral que podría tener la figura presidencial en la boleta.
Sobre la votación, destacó que aunque el Partido del Trabajo se apartó de la modificación en materia de revocación de mandato, no fue el único, ya que el resto de las fuerzas políticas también votaron en contra de ese apartado.
Finalmente, la presidenta adelantó que su administración podría insistir en futuras reformas para fortalecer mecanismos de democracia participativa, incluyendo consultas ciudadanas en municipios y estados, e incluso el uso de herramientas electrónicas para facilitar la participación.
Pese a este revés, la titular del Ejecutivo federal destacó que el núcleo de la reforma fue aprobado, particularmente las disposiciones orientadas a reducir privilegios en el servicio público. Entre ellas, mencionó la eliminación de beneficios como seguros de gastos médicos privados, bonos y pensiones excesivas financiadas con recursos públicos, así como la obligación de que ningún funcionario gane más que la titular del Ejecutivo.
Subrayó cambios en la integración de los ayuntamientos, al establecer un máximo de 15 regidores, y la limitación del presupuesto de los congresos estatales a 0.7% del gasto total de cada entidad. También se contemplan ajustes para reducir el gasto en el Senado y otros órganos electorales.
En ese contexto, Sheinbaum defendió que el objetivo central del “Plan B” es evitar que los recursos públicos se destinen a “privilegios de unos cuantos” y, en cambio, se orienten a sectores como salud, educación y programas sociales.
