A días de dejar su cubículo en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), después de un mandato de nueve años como consejero, Jaime Rivera Velázquez sostiene que no quiere “ser ave de mal agüero ni profeta”, pero expresa su preocupación respecto de “varios signos de regresión” a un sistema de poder autoritario en México, el cual “sería no solamente dañino para la vida democrática, sino que podría ahuyentar inversiones, como ocurrió en 1982 cuando se dio una fuga masiva de capitales porque no había confianza de cómo el gobierno iba a manejar los derechos básicos de los individuos y de los agentes económicos”.
“Sería muy grave para México regresar a las prácticas electorales de los ochenta”, abunda el consejero.
Recuerda el caso del reparto de los “acordeones” durante la elección judicial del 1 de junio de 2025, los cuales indicaban al público para qué candidatos votar:
“Aunque tardíamente –recuerda–, los acordeones fueron prohibidos por el consejo, que los condenó como propaganda ilegal. Y no fue fácil llegar a este acuerdo, se estuvo retardando cuando era evidente que se estaba violando un principio de imparcialidad y de no injerencia del gobierno o de otros agentes, que no sabemos de dónde sacaron tantos recursos y tanta capacidad organizativa para movilizar esta votación en su favor”.
Finalmente, el uso de acordeones fue avalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una decisión controversial que sostuvo que no existieron evidencias sobre una estrategia “generalizada” de influir sobre el resultado de las elecciones mediante los acordeones.
“Para mí esa experiencia era como un viaje al pasado, cuando en mi juventud veía que la autoridad electoral avalaba cosas inverosímiles y evidentemente ilegales”, dice el consejero.
Por ello, exhorta “fervientemente a que haya sensatez” en la designación de los tres nuevos integrantes del Consejo General del INE, por parte de la Cámara de Diputados, para “cuidar lo construido” en materia electoral a lo largo de los años:
El diseño constitucional y legal del INE –afirma– sigue siendo el mismo, y uno de sus fundamentos es la autonomía. Sólo hay que cumplir el diseño y ejercer la autonomía, actuar con independencia, imparcialidad y objetividad, sin subordinación a ningún partido político o gobierno.
Invita a que los tres próximos consejeros “se elijan con el máximo consenso posible entre todas las fuerzas políticas, por lo menos entre gobierno y oposiciones deberían acordar nombramientos aceptables para todos”, y les recuerda que “cada quien debe decidir de acuerdo a deberes constitucionales, legales y a su conciencia”.
El mandato de la conciencia, explica, “es una cuestión de honor, pero no de honra porque muchos nos critican; a mí, por ejemplo, no me bajan de ‘lenchista’ (un incondicional de Lorenzo Córdova Vianello, el expresidente del INE), pero eso no me afecta”.
De hecho, Rivera desecha las acusaciones que asocien a los consejeros salientes con Lorenzo Córdova.
“Es ridículo atribuirnos una dependencia a un expresidente que se fue hace tres años, aparte cuando convivimos con él como presidente, cada quien tomaba sus decisiones, deliberábamos, buscábamos acuerdos y muchas veces diferíamos en nuestros votos”, dice.
“Atribuirle tanto poder a una persona que se fue hace tres años y ahora es académico me parece una mentira grotesca”.
–¿Usted considera que el TEPJF es independiente?
–Constitucionalmente, sí. Pero “por sus obras los conoceréis” –revira, con un tono entre enigmático e irónico.
–¿Y la presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei Zavala?
–Espero que asuma plenamente el mandato constitucional de actuar siempre conforme a la ley, basada en los principios de imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Tiene toda la capacidad jurídica para hacerlo.
Jaime Rivera constata que, entre su nombramiento como consejero electoral, en 2017, y este abril de 2026, “el INE de hoy está menos cohesionado”, y plantea que esto tiene efectos adversos, pues “el INE ha sufrido hostilidad desde el gobierno y esta falta de cohesión nos hace más vulnerables”.
El consejero atribuye esta mala cohesión a la concentración de poderes en la figura de Guadalupe Taddei, cuyos métodos no fueron los más adecuados y produjeron tanto desconfianza como dificultades de diálogo.
“Se ha debilitado mucho la colegialidad necesaria para tomar decisiones, incluso las decisiones ordinarias, como nombrar al titular de una dirección ejecutiva: se hacía por mayoría calificada del consejo, pero con una reforma legal que se metió subrepticiamente, mientras se expedía la ley reglamentaria de las elecciones judiciales, se le dieron poderes unipersonales a la presidencia para nombrar a quien quiera. Esto daño mucho”, agrega.
A partir de la salida de Lorenzo Córdova y la llegada de Guadalupe Taddei, se conformaron dos bloques visibles en el Consejo General del INE: la presidenta, identificada por su cercanía con Morena, encabeza un grupo que suele tomar decisiones en línea con el oficialismo, mientras que un grupo de cinco o seis consejeros, dependiendo de la votación, ha asumido posiciones que han provocado el descontento del partido mayoritario.
Cuestionado al respecto, Rivera, quien forma parte del segundo grupo, revira que hay muchos matices y que se debe valorar cada decisión. “Los bloques no eran cerrados e inamovibles; yo participé en algunas votaciones en las que ganábamos seis a cinco y otras en las que perdíamos. No había un bloque cerrado y único, y menos uno que tuviera un jefe”.
Los dos grupos protagonizaron choques abiertos en diversas sesiones del Consejo General del INE, especialmente a lo largo de la elección judicial; en varias ocasiones, el grupo “disidente” se deslindó públicamente de decisiones tomadas por Taddei, como lo hizo recientemente, cuando desconoció un documento presuntamente entregado por el INE al Senado, con observaciones sobre la iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B.
Reconozco que es corresponsabilidad de los 11 consejeros mantener la unidad y la cohesión y hacer esfuerzos de diálogo, y asumo la responsabilidad que me corresponde. Sin embargo, por mandato de ley es la presidencia del Consejo la primera obligada a promover la unidad y la cohesión del colegiado.
Rivera enumera, por ejemplo, el control de Taddei sobre el área de Comunicación Social, que “ya no refleja la pluralidad y las propuestas del colegiado, sino la de una sola voz”, lo cual, en su opinión, “debilita el instituto y lo hace más vulnerable a ataques del exterior”.
De acuerdo con Rivera, todavía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto las decisiones del INE “podían incomodar al poder y al gobierno, que intentaban convencer para modificar alguna decisión, pero acataban; después ya no fue incomodidad, fue una hostilidad que ha variado mucho, entre periodos aparente paz y frecuentes ataques de todo tipo, algunos totalmente gratuitos e infundados, como que el INE es el más caro del mundo, cosa que es una absoluta falsedad”.
“Me siento satisfecho por el deber cumplido porque hubo a veces retos muy difíciles de enfrentar, y me guie por los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, que son los establecidos en la Constitución, pero también seguí los mandatos de mi consciencia”.
Uno de los momentos más álgidos de su experiencia ocurrió entre 2022 y 2023, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó sus tentativas de reformas electorales –conocidas como “plan A” y “plan B”, que “prácticamente mutilaba los brazos y piernas del INE para organizar elecciones y disminuía su autonomía”.
De acuerdo con Rivera, el INE libró estas embestidas gracias a “la unidad de los consejeros con el liderazgo del presidente Lorenzo Córdova y la unidad de los funcionarios en todo el país, junto la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), actuando con independencia, de declarar inconstitucional”. Y agrega: “Dos situaciones que a lo mejor no existen”.
Al igual que las otras dos consejeras cuyo mandato termina el 4 de abril, Rivera se encuentra sujeto a un procedimiento sancionador del Órgano Interno de Control (OIC), derivado de una queja contra consejeros del INE presentada en diciembre de 2021 por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, después de una votación en la que decidieron posponer la consulta de revocación de mandato impulsada por el entonces presidente López Obrador, debido a la falta de presupuesto.
La consulta finalmente tuvo lugar en la fecha prevista, no sin antes pasar por la SCJN, que determinó la necesidad de otorgar al INE el presupuesto suficiente para organizar la elección. Rivera recuerda que el procedimiento sancionador estuvo “dormido” durante más de cuatro años, pero fue “revivido” por el nuevo titular del OIC en agosto de 2025, “poco después que tuvimos posiciones de controversias sobre cómo valorábamos las elecciones judiciales”.
Se mantiene ahí, dice, como una amenaza para ellos: “Está afectando nuestros derechos y se convierte en una amenaza para los consejeros que permanezcan, porque a la hora de tomar posiciones o votar tendrán que pensar si esto merecerá una persecución administrativa”.
Al preguntarle sobre las decisiones difíciles que tomó durante su mandato, el consejero habla de rechazar el registro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón Orozco, respectivamente, aspirantes a gobernar Guerrero y Michoacán por Morena, quienes se habían negado a entregar sus informes de gastos de precampaña.
“Además eran mínimos, pero curiosamente el partido Morena les convocó a inscribirse como precandidatos y después les instruyó que no presentaran informes porque no eran precandidatos, aunque materialmente lo eran. Fue un equívoco del partido con sus candidatos y no nos dejó alternativas, en términos legales, que negarles el registro. Yo hubiera querido que no ocurriera”.
Sobre las campañas anticipadas iniciadas por Morena en 2023, para definir su candidatura presidencial –de las que salió ganadora Claudia Sheinbaum Pardo–, Rivera deploró que “el TEPJF nos ató de manos”, pues, aunque era evidente que se trataba de campañas “anticipadísimas”, la Sala Superior alegóque mientras no llamaran expresamente al voto, no se podía sancionar.
“Debimos ser más enérgicos en la denuncia de que esto era ilegal. Ahí había una evidente contradicción entre los supuestos de la norma y los hechos. Lo más que logramos fue que se fiscalizaran los gastos, y se fiscalizaron muy a medias porque hubo mucho dinero en efectivo, del que resulta muy difícil seguir la huella”.
