El Congreso de la Ciudad de México dará inició al análisis de la reforma constitucional en materia de rentas justas, razonables y asequibles, impulsada por la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina.
En el marco de la Sesión Ordinaria, el diputado Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva, informó que el proyecto de decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política capitalina será turnado a comisiones para su estudio y dictaminación.
Serán las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Vivienda las encargadas de revisar la propuesta.
La discusión legislativa marcará el rumbo de una de las reformas más comentadas en las últimas semanas, por su posible efecto en el sector habitacional en la Ciudad de México, al sentar las bases legales para una futura Ley de Rentas Justas y Asequibles.
La iniciativa de reforma constitucional presentada por el Gobierno capitalino plantea establecer en la Carta Magna local que los precios de las rentas no pueden subir por arriba de la inflación, con el objetivo de evitar incrementos desproporcionados en el costo de la vivienda.
El proyecto también incorpora la obligación del gobierno de formular una política integral orientada a incrementar de forma significativa la oferta de vivienda social y asequible, junto con mecanismos que faciliten el acceso a este tipo de inmuebles.
Otro de los ejes centrales consiste en la implementación de medidas para reducir los efectos negativos de la gentrificación, fenómeno que ha presionado los precios de renta en distintas zonas de la capital.
La iniciativa remitida al Congreso local plantea la creación de una institución pública dedicada a la promoción y defensa de los derechos y obligaciones en las relaciones con los inquilinos, en un intento por equilibrar la relación entre arrendadores y arrendatarios.
Asimismo, propone el reconocimiento constitucional del derecho de todo habitante al arraigo vecinal y comunitario, con la finalidad de preservar su vínculo social, cultural, económico y territorial con la ciudad.
La iniciativa expone que uno de los efectos negativos de la gentrificación es el desplazamiento de la población originaria, a consecuencia del aumento del costo de la vivienda, tanto para adquirir como para arrendar. Este proceso ha derivado en la expulsión de más de 20,000 familias, según el gobierno capitalino.
El diagnóstico incluido en la propuesta de reforma para rentas justas y asequibles también apunta a un rezago estructural en la política habitacional de la ciudad.
De acuerdo con la iniciativa, desde hace 25 años el promedio de hogares capitalinos sin una vivienda se ha mantenido en 42,000, como resultado del abandono de las políticas de vivienda social en un periodo de fuerte crecimiento urbano.
Legisladores de oposición solicitaron que la iniciativa presentada por la jefa de gobierno sea sometida a una consulta pública, con el fin de brindar transparencia al proceso legislativo.
“La Ley de Rentas está afectando a los pequeños propietarios de vivienda que la han puesto en renta para tener un ingreso adicional y de eso vivir… Tenemos gente de la tercera edad que tiene una casa grande y ha decidido rentarla y con el dinero que renta, con ese dinero renta en otro lugar y vive. De ese tamaño es la problemática y el gobierno no está considerando esta situación”, indicó la diputada Olivia Garza del Partido Acción Nacional.
