La regulación de faltas administrativas y de conflictos cotidianos como riñas, ruido y daños menores está dispersa en más de 2 mil 400 conjuntos de reglas municipales y en unas cuantas leyes estatales, por lo que el Senador Luis Donaldo Colosio y la Diputada Federal Iraís Reyes presentaron una iniciativa para crear la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.
La propuesta de los legisladores de Movimiento Ciudadano busca homologar en todo el País los modelos de justicia cívica y convertir a los juzgados cívicos en una instancia previa para resolver conflictos menores, con el objetivo de reducir presión a las fiscalías y evitar que conductas de baja gravedad saturen el sistema penal.
“Desde el 2017 existe un mandato constitucional para que el Congreso de la Unión expida una ley general en esta materia, pero del plazo que se estableció en su momento ya pasaron más de nueve años sin que se haya concretado la ley”, dijo Colosio.
“Actualmente las fiscalías pierden tiempo, dinero y personal atendiendo conflictos menores en lugar de enfocarse en los delitos graves”, explicó el Senador.
La iniciativa plantea que, por ejemplo, pleitos entre vecinos, daños menores a propiedades y obstrucción de espacios públicos puedan resolverse de manera ágil en juzgados cívicos profesionalizados, mediante audiencias públicas y orales que permitan privilegiar la mediación y los acuerdos para evitar llegar a juicio.
“No puede haber una justicia distinta según el municipio donde vivas”, dijo Colosio, “necesitamos establecer un piso mínimo nacional en materia de justicia cívica”.
El proyecto contempla además que los juzgados cuenten no sólo con jueces, sino también con personal médico, psicológico, facilitadores y policías de custodia, para que la atención de los conflictos incluya mecanismos de conciliación y acompañamiento, y no únicamente sanciones.
“También está prevista la posibilidad de sustituir arrestos por multas o por trabajo comunitario, así como la creación de un modelo de justicia itinerante para acercar estos servicios a comunidades alejadas o zonas marginadas”, dijo Iraís.
La iniciativa incluye modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para que los asuntos de menor gravedad intenten primero acuerdos reparatorios en juzgados cívicos antes de pasar a la vía penal.
Además, propone crear registros estatales y municipales de juzgados cívicos y de personas juzgadoras, con el propósito de transparentar el funcionamiento del sistema y dar seguimiento al desempeño de los juzgados.
“Hay evidencia de que operar un juzgado cívico profesionalizado resulta significativamente menos costoso que procesar el caso por la vía penal”, afirmó Iraís.
Los legisladores de Movimiento Ciudadano dijeron que la iniciativa busca atender una deuda histórica en materia de justicia cotidiana y evitar que problemas menores terminen en violencia o delitos graves.
