El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, y en lo particular con cambios, el dictamen que establece el marco regulatorio para la integración y funcionamiento de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, la cual estará integrada por tres consejeras y consejeros electorales, quienes serán elegidos por un periodo de tres años por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
El dictamen, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ratificado en lo particular con 271 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones, deriva de una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
En la discusión en lo particular se aceptó la reserva al artículo 200 Quater, promovida por los diputados y las diputadas de Morena, Ricardo Monreal Ávila, Víctor Hugo Lobo Román, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Julia Arcelia Olguín Serna, y presentada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, para que la integración de la Comisión de Verificación sea de tres integrantes, en lugar de cinco como se proponía en el dictamen.
El documento, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, adiciona un artículo quinto transitorio para señalar que el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirá los lineamientos que regulen, entre otros, el funcionamiento interno de la Comisión.
Asimismo, los plazos, términos, criterios y procedimientos aplicables para la recepción, análisis, procesamiento y entrega de la información que corresponda, así como los mecanismos necesarios para salvaguardar la protección de datos personales y la confidencialidad de la información proporcionada en todas las etapas del proceso.
Su finalidad es “atender una herida abierta en el corazón de la democracia, que ha lastimado directamente la desconfianza ciudadana en el sistema democrático”, dijo el diputado Prieto Gallardo.
Agregó que se crea una Comisión que no acusa, no juzga ni restringe derechos políticos; es un mecanismo opcional y voluntario para los partidos políticos y las candidaturas independientes, y tiene un carácter esencialmente preventivo.
La diputada Julia Arcelia Olguín Serna (Morena) destacó que esta reserva busca que la ciudadanía tenga representantes de altura, al asegurar que quienes aspiren a ser servidores públicos tengan un currículo intachable e íntegro.
A su vez, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, diputado del PT, expresó su apoyo la reserva y aseguró que el dictamen no pretende criminalizar candidaturas, sino proteger a la política de la criminalidad y que no haya duda de la idoneidad de los perfiles de las y los aspirantes a los cargos públicos; es decir, otorga un marco normativo para evitar la introducción de perfiles dañinos a la democracia.
Por el PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez adelantó que su postura es en contra, toda vez que se atenta contra la democracia, por lo que propuso debatir la propuesta con detenimiento.
Mario Miguel Carillo Cubillas, diputado de Morena, indicó que con la creación de una Comisión de Verificación de Candidaturas, se propone que sea integrada por tres consejeras y consejeros, en lugar de cinco, a fin de eficientar la toma de decisiones de todos los expedientes que llegarán a dicha comisión.
Para ratificación de hechos, la diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy (Morena) aseguró que el objetivo del dictamen es garantizar que se cuente con información oportuna sobre la integridad de los perfiles que se postulan a cargos de elección popular. Agregó que no se busca sustituir funciones judiciales, ni criminalizar a nadie, sino que los partidos políticos tomen decisiones informadas y responsables frente a la ciudadanía.
El objetivo de la Comisión será recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles.
Esa información podrá ser total o parcial, y se realizará de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente. La presidencia será rotativa y designada anualmente entre las y los integrantes de la propia Comisión.
Mientras que los partidos políticos establecerán mecanismos para que las personas que pretendan ser postuladas manifiesten su conformidad de que su perfil sea objeto de un análisis de riesgo. Una vez que los partidos políticos reciban la información de la Comisión de Verificación, determinará sobre la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas por ese instituto político.
En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC, presentaron diversas reservas, las cuales fueron retiradas, se pidió publicar en el Diario de los Debates, o bien no se admitieron a discusión y, por lo tanto, se desecharon.
