Este viernes se cumplieron 17 años desde que 24 niños y 25 niñas murieron en el incendio de la Guardería ABC, tragedia que generó un largo e irregular proceso judicial por el que hay tres culpables tras las rejas y seis pendientes por encarcelar.
Las familias de las víctimas lamentan que las condenas son “irrisorias” y que no se procesa a políticos que fueron deslindados en diversos momentos desde el 5 de junio de 2009.
“Ya purgan su condena Sandra Lucia Téllez Nieves, Noemí López Sánchez y Roberto Copado Gutiérrez, este último ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No. 11. Sin embargo, todavía están pendientes de ingresar Antonio Salido Suárez, Fausto Salazar Gómez, Jorge Luis Melchor Islas, Martín Francisco Lugo Portillo, Arturo Dávila Pacheco y Arturo Torres Escalante”, denunció Patricia Duarte Franco, una de las líderes del Movimiento Cinco de Junio al término de la marcha anual.
Roberto Copado Gutiérrez, quien ingresó a un penal federal “en días recientes”, luego de ser detenido en Estados Unidos el año pasado, según informó la activista y madre de uno de los niños fallecidos en el siniestro, se desempeñaba como director de Protección Civil de Hermosillo. Su responsabilidad pasó, principalmente, por la firma de papeles que permitieron a la guardería operar sin las condiciones adecuadas.
La pena que ya cumple en el reclusorio ubicado en Hermosillo fue, finalmente, de 5 años y 7 meses, y es lo que las familias consideran “irrisoria”. Noemí López Sánchez, quien era la responsable de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, cumple una pena de 8 años, 10 meses y 15 días. Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la estancia infantil, también cumple una condena de 5 años y 7 meses luego de ser detenida en Estados Unidos y extraditada, todo el año pasado.
El resto de los condenados, otro socio, dos bomberos negligentes, tres funcionaros de Hacienda, incluido el director, se encuentran libres, aunque condenados individualmente a penas de entre 4 años y 9 meses, y 5 años y 7 meses.
“La educación inicial debe ser otorgada directamente por el Estado mexicano y no por empresarios voraces que solo ven en las hijas e hijos de las y los trabajadores y familias vulnerables, un negocio jugoso que les reditúe ganancias a menor inversión”, dijo Patricia Duarte Franco con relación a un proyecto en dicho sentido que trabaja con el gobierno federal desde inicios de 2025.
El caso, sin embargo, no ha terminado en términos legales, detalló la activista durante la lectura del posicionamiento colectivo: siguen en marcha las diligencias para lograr una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sea vinculante a todos los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Con ello, se espera abrir la posibilidad a concretar la “no repetición”, pero también llevar a la justicia a funcionarios y otras personas que se encontraban entre los 22 que fueron imputados originalmente, y de los cuales la mayoría fue absuelta.
