Con el objetivo de fortalecer el combate al tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres, el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa ante la Comisión Permanente para reformar el artículo 420 del Código Penal Federal, a fin de incrementar las sanciones y establecer nuevos criterios para castigar este delito que amenaza la biodiversidad nacional.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, busca reforzar la respuesta del Estado mexicano frente a una de las actividades ilícitas de mayor rentabilidad a nivel internacional y que, de acuerdo con organismos especializados, mantiene estrechos vínculos con redes de delincuencia organizada.
México, indica la iniciativa, es reconocido internacionalmente como uno de los países con mayor riqueza biológica del planeta; dado su ubicación geográfica privilegiada, la diversidad de ecosistemas presentes en su territorio y la elevada concentración de especies endémicas, lo convierten en una nación estratégica para la conservación de la biodiversidad mundial.
Sin embargo, advierte que estas mismas condiciones han favorecido el desarrollo de actividades ilícitas vinculadas con la extracción, captura, acopio, transporte y comercialización ilegal de ejemplares de flora y fauna silvestres, fenómeno que en los últimos años ha adquirido dimensiones alarmantes. Toda vez que el tráfico ilegal de vida silvestre constituye actualmente una de las actividades ilícitas más lucrativas a nivel global.
En ese sentido, agregó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha advertido que esta práctica representa una amenaza creciente para la conservación de las especies, el equilibrio de los ecosistemas y la seguridad de los Estados, debido a su estrecha vinculación con redes criminales transnacionales que obtienen importantes beneficios económicos mediante la explotación ilegal de recursos naturales.
Además, el legislador federal subrayó que esta situación se agrava cuando las especies involucradas se encuentran sujetas a protección especial, amenazadas o en peligro de extinción, “pues la pérdida de cada ejemplar tiene repercusiones directas sobre la viabilidad de sus poblaciones y sobre la conservación de los ecosistemas de los que forman parte”.
“Si bien el Código Penal Federal contempla actualmente sanciones para diversas conductas relacionadas con el tráfico de especies, la experiencia institucional demuestra que las penas vigentes no siempre generan un efecto disuasorio suficiente frente a una actividad criminal que produce ganancias económicas considerables”, afirmó Mier Bañuelos.
En consecuencia, dijo, “resulta necesario fortalecer el marco penal aplicable para incrementar la capacidad preventiva del Estado y enviar un mensaje claro de intolerancia frente a quienes participan en el comercio ilegal de vida silvestre”.
Por lo que se propone fortalecer las penas previstas para los delitos relacionados con el tráfico ilegal de vida silvestre, ampliar los supuestos sancionables y establecer criterios que permitan valorar la cantidad de ejemplares involucrados, las características de las especies afectadas y la finalidad comercial de las conductas ilícitas al momento de individualizar la pena correspondiente.
Con ello, se busca dotar al Estado mexicano de herramientas jurídicas más eficaces para combatir una actividad que pone en riesgo la biodiversidad nacional y compromete el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por el país.
Además de que la protección de la vida silvestre no constituye únicamente una cuestión ambiental; representa también una obligación jurídica derivada del deber estatal de preservar el patrimonio natural de la Nación para las generaciones presentes y futuras.
“Resulta indispensable fortalecer la respuesta penal frente a quienes obtienen beneficios económicos mediante la explotación ilegal de especies, garantizando que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de la conducta y al daño ocasionado a uno de los bienes jurídicos más valiosos para el desarrollo sostenible de México”, apuntó el legislador federal.
