Tejiendo Redes Infancia alertó sobre el riesgo de cambio de medida cautelar para el presunto homicida del Ángel Moreno, un adolescente con discapacidad que murió en 2022 en instalaciones del DIF de Nuevo León como consecuencia de una golpiza y cuyo cuerpo fue incinerado como parte de una estrategia de encubrimiento.
La organización emitió un pronunciamiento urgente, ante la audiencia llevada a cabo este miércoles, solicitada por Raymundo Francisco N., procesado por homicidio doloso, quien se encuentra actualmente internado en el Centro de Reinserción Social 1 Norte de Nuevo León.
La defensa del imputado ha solicitado cambiar la actual medida cautelar por prisión domiciliaria.
Raymundo Francisco N. era custodio del albergue DIF Fabriles, y se le señala de ser responsable de golpear a Ángel, quien tenía 14 años y discapacidad. El adolescente, quien vivió diez años bajo custodia estatal, no recibió atención médica tras la golpiza, agonizando durante diez horas.
Tejiendo Redes Infancia recordó que el caso derivó en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, la 01VG/2023, en la que se documentaron diversas violaciones a derechos humanos, como “maltrato, falta de cuidado, negligencia y dolo en la actuación de personal del DIF Nuevo León que intentó eliminar evidencia con la cremación del cuerpo”, resolución que no fue aceptada por la institución presidida por Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García.
En respaldo a la CDHNL a Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 148/2025 dirigida a Samuel García por el homicidio de Ángel.
Para Tejiendo Redes Infancia “cualquier decisión judicial sobre la medida cautelar debe valorar el contexto completo de la causa penal 04556/2023 que incluye a otros funcionarios públicos de alto nivel”, acusados de homicidio doloso y encubrimiento, entre los que se encuentran Mauricio Miguel N., Alan N. y Miguel Ángel N., los tres amparados y el último actual diputado federal por Movimiento Ciudadano.
“La impunidad sigue latente por la posición institucional y política de las personas involucradas, por la capacidad de influencia sobre testigos o autoridades, los antecedentes de ocultamiento señalados por la Fiscalía (de Nuevo León), la CEDHNL, la CNDH y las víctimas, así como el riesgo de sustracción procesal, intimidación contra las víctimas indirectas y el impacto público de una decisión que pueda debilitar la rendición de cuentas. Todo lo anterior va en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales”, alertó Tejiendo Redes Infancia.
Los representantes de las víctimas indirectas también advirtieron de riesgos de conflicto de interés, toda vez que el 5 de junio de 2025, Mariana Rodríguez, como presidenta del DIF Nuevo León, informó en su cuenta de Tik Tok que el juez de control, Jesús Demetrio Cadena, se vio beneficiado con la adopción de un bebé del DIF estatal. A Cadena le corresponde decidir sobre el cambio de medida cautelar para Raymundo Francisco N.
Para Tejiendo Redes Infancia la presunción de inocencia no puede ser argumentada “para invisibilizar los derechos de las víctimas indirectas a la verdad, la justicia, la protección judicial efectiva, la reparación integral y la no repetición”.
Al exigir al juez de control que rechace la sustitución de medida cautelar, Tejiendo Redes Infancia recodó que “en casos de violencia institucional contra niñas, niños y adolescentes bajo custodia estatal, el Poder Judicial tiene un deber reforzado de diligencia, motivación y control de riesgos”.
La organización requirió al juez de control escuchar a las víctimas indirectas en la audiencia; ordenar una evaluación de riesgos “que considere sustracción procesal, obstaculización, presión sobre testigos, destrucción de pruebas, influencia institucional, protección política y revictimización”; considerar las recomendaciones de la CDHNL y de la CNDH como elementos de contexto; y “emitir una resolución fundada y motivada bajo estándares de derechos humanos, derechos de la niñez, derechos de las personas con discapacidad y derechos de las víctimas”.
“La sociedad de Nuevo León no puede permitir que la muerte de un adolescente con discapacidad bajo custodia del Estado quede atrapada entre formalismos, dilaciones y decisiones judiciales que debiliten la rendición de cuentas.
“El caso de Ángel Moreno representa una deuda abierta con la niñez institucionalizada, con las personas con discapacidad y con todas las familias que han denunciado abandono, negligencia y violencia en espacios que deberán proteger”, concluyó Tejiendo Redes Infancia.
