El diputado federal Rubén Moreira Valdez, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a implementar, en coordinación con las autoridades educativas estatales, un Programa Nacional de Protección de la Infraestructura Educativa que contemple acciones de prevención, vigilancia, mantenimiento, rehabilitación y participación comunitaria para reducir los robos y actos de vandalismo en planteles de educación básica y media superior, especialmente en los municipios con mayor incidencia delictiva.
Asimismo, solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fortalecer, junto con la Guardia Nacional y las corporaciones de seguridad estatales y municipales, los operativos de vigilancia preventiva en las zonas escolares, particularmente durante los periodos vacacionales, así como impulsar mecanismos de inteligencia para combatir el robo de cableado eléctrico, equipos e infraestructura educativa.
De manera específica, el legislador priista exhortó al Gobierno de Baja California a reforzar, en coordinación con los municipios y las autoridades educativas locales, el programa “Vigilando Nuestra Escuela”, establecer mecanismos permanentes de participación ciudadana y presentar un informe público sobre las acciones emprendidas para prevenir y reducir los robos en los planteles de la entidad.
Moreira Valdez recordó que en los últimos años se ha incrementado el número de robos, saqueos y actos de vandalismo contra instituciones educativas, lo que provoca pérdidas económicas, retrasa el inicio de clases y obliga a destinar recursos para reparar instalaciones en lugar de invertirlos en mejorar la calidad educativa.
Como ejemplo, el congresista señaló que autoridades educativas de Baja California reportaron que durante el ciclo escolar 2025-2026 se registraron más de 70 robos y actos de vandalismo en escuelas de Mexicali, la cifra más alta de la entidad.
Entre los principales daños, apuntó, se encuentran el robo de cableado eléctrico, transformadores, equipos de aire acondicionado, instalaciones hidráulicas, computadoras, mobiliario escolar y materiales indispensables para el funcionamiento de los planteles.
Explicó que las propias autoridades han reconocido que gran parte de estos delitos ocurre durante los periodos vacacionales, cuando disminuye la vigilancia y se facilita el ingreso de grupos dedicados al robo de cobre y otros materiales que posteriormente son comercializados en mercados informales.
Añadió que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cada año miles de escuelas del país reportan afectaciones por robos o daños en sus instalaciones, mientras que durante la pandemia numerosas entidades registraron un incremento de estos delitos, cuyos efectos aún persisten.
Subrayó que, además del costo económico, estos actos generan consecuencias pedagógicas y sociales, ya que obligan a suspender clases, retrasan proyectos de infraestructura y desvían recursos originalmente destinados a materiales educativos hacia la reparación de daños.
“La seguridad de las escuelas no puede depender de medidas temporales. Se requiere una política nacional preventiva que garantice espacios educativos seguros, funcionales y libres de vandalismo. Invertir en la protección de las escuelas es invertir en el futuro del país”, concluyó Rubén Moreira.
