El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, remitió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, una carta en la que informa que esta Cámara acompaña y respalda la acción del gobierno de México, encabezado por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y se suma formalmente al requerimiento presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre las defunciones de personas mexicanas bajo custodia del ICE.
En la misiva, precisa que la Secretaría dirigió una comunicación a la Oficina del Alto Comisionado para informar sobre las defunciones de personas mexicanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y solicitar que se recabe información de las autoridades de Estados Unidos, se analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se formulen las recomendaciones correspondientes y se transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.
Ante ello, esta Cámara solicita respetuosamente a la Oficina del Alto Comisionado que dentro del ámbito de su mandato dé seguimiento a estos hechos, incluyendo la formulación de recomendaciones orientadas a prevenir nuevas violaciones, garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos de las víctimas y sus familiares.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena externa que la comunicación expresa también la disposición del Poder Legislativo mexicano para contribuir, desde sus atribuciones, al diálogo, la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones institucionales.
Afirma que la protección de las personas migrantes requiere coordinación entre Estados, organismos internacionales, autoridades consulares y mecanismos de derechos humanos. Frente a hechos que involucran vidas humanas, la colaboración internacional constituye una herramienta legítima y necesaria para esclarecer lo ocurrido, fortalecer las garantías de protección y prevenir nuevas violaciones
Monreal Ávila destaca que la defensa de las personas mexicanas en el exterior constituye una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano y un deber compartido por sus instituciones. “Frente a la pérdida de vidas humanas, a las denuncias de uso excesivo de la fuerza y a las posibles vulneraciones de derechos humanos, guardar silencio o permanecer indiferente no es una opción”.
Confía en que la Oficina a cargo de Volker Türk y los mecanismos especializados del Sistema Universal de Derechos Humanos, dentro del ámbito de sus respectivos mandatos, contribuirán al esclarecimiento de los hechos, a la determinación de responsabilidades, a la adopción de medidas de no repetición y a la protección efectiva de las víctimas y sus familias.
Añade que se dirige al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el propósito de poner en conocimiento de la Oficina a su cargo “una situación que genera profunda preocupación por sus implicaciones directas en los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, el patrimonio, el debido proceso y la protección consular de personas mexicanas en Estados Unidos”.
Indica que al menos 18 personas mexicanas han perdido la vida en hechos relacionados con la actuación del ICE: 14 mientras se encontraban en centros de detención migratoria y cuatro durante operativos de aseguramiento.
Estos hechos, agrega, se producen en un contexto de endurecimiento de la política migratoria, incremento de redadas y detenciones, ampliación de la capacidad de los centros de reclusión y realización de operativos en centros de trabajo, domicilios y espacios públicos.
Resalta que la información disponible y diversos testimonios dan cuenta de detenciones realizadas mediante operativos sorpresivos, con agentes fuertemente armados, encubiertos o sin una identificación fácilmente reconocible, separación abrupta de personas de sus familias, dificultades para conocer oportunamente su paradero, traslado a centros alejados de sus lugares de residencia y obstáculos para mantener comunicación con sus familiares y representantes legales.
También, abunda, se han formulado denuncias sobre uso excesivo o desproporcionado de la fuerza, falta de información suficiente sobre los motivos de la detención, restricciones para acceder a asistencia jurídica y consular, condiciones inadecuadas de internamiento, deficiencias en la atención médica y posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Ricardo Monreal externa que sin prejuzgar sobre hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes, la gravedad y reiteración de estas denuncias exigen investigaciones prontas, independientes, imparciales y efectivas, con participación de las familias y acceso oportuno a la información.
También, agrega, se requieren medidas de prevención, supervisión institucional y rendición de cuentas que permitan identificar responsabilidades y evitar que hechos semejantes vuelvan a ocurrir.
“La condición migratoria de una persona no disminuye su dignidad ni suspende sus derechos fundamentales. Toda persona sometida a la jurisdicción de un Estado debe ser protegida frente a actos arbitrarios y recibir un trato compatible con su condición humana”, enfatiza el legislador.
Refiere que detrás de cada detención y de cada fallecimiento hay una historia personal, una familia y una comunidad. “Hay madres, padres, hijas, hijos y seres queridos que enfrentan incertidumbre, separación y duelo”.
Por ello, indica, esta situación no puede abordarse únicamente como un asunto de control administrativo de fronteras. Exige una mirada humana, capaz de reconocer que la protección de la vida y de la dignidad debe ocupar siempre un lugar central en la actuación de las instituciones públicas.
“La comunidad internacional no debe cerrar los ojos ante hechos que, por su gravedad, pueden comprometer obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, sostiene.
Refiere que el Sistema Universal de Derechos Humanos ofrece un marco amplio de protección y cuenta con órganos y mecanismos especializados capaces de examinar, desde sus respectivos mandatos, cuestiones relativas al derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los malos tratos, la libertad y seguridad personales, los derechos de las personas migrantes, las condiciones de detención y las obligaciones de los Estados frente a toda persona privada de libertad.
Subraya que la diversidad de estos mecanismos permite una atención integral mediante solicitudes de información, comunicaciones, observaciones, recomendaciones, seguimiento institucional y cooperación técnica, siempre con pleno respeto a las competencias, independencia y métodos de trabajo de cada instancia”.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Estados Unidos es parte, protege el derecho a la vida, prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, proscribe la detención arbitraria y dispone que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con respeto a su dignidad inherente.
A ello se suma la obligación de garantizar recursos efectivos frente a posibles violaciones, así como el deber de investigar y, en su caso, sancionar a las personas responsables. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce, además, la importancia de la comunicación y asistencia consular cuando una persona extranjera es detenida, como salvaguarda esencial para la protección de sus derechos, puntualiza.
