La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó su respaldo al objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las audiencias, pero advirtió que el proyecto de Lineamientos Generales elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) contiene disposiciones que, de mantenerse, podrían abrir la puerta a la censura, la discrecionalidad gubernamental y afectar la libertad de expresión.
En un posicionamiento difundido mientras la CRT mantiene abierto el proceso de consulta pública sobre los lineamientos, la CIRT informó que analiza tanto el contenido del proyecto como la presentación realizada este martes por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sobre la propuesta regulatoria.
El organismo sostuvo que comprende y respalda el mandato legal de avanzar en la protección de los derechos de las audiencias y afirmó que ha presentado observaciones de carácter constructivo a la autoridad reguladora.
Como parte del proceso, anunció que realizará un ejercicio de consulta y consenso con sus más de mil 200 estaciones afiliadas para construir una postura unificada que será entregada formalmente dentro de la consulta pública convocada por la CRT.
No obstante, la CIRT señaló que, aunque entiende que la intención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no es establecer mecanismos de censura, existen aspectos del proyecto que deben corregirse para evitar “riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión”.
Entre las principales preocupaciones expuestas destaca que los lineamientos, en su redacción actual, contienen conceptos ambiguos que podrían permitir una aplicación discrecional por parte de la autoridad.
Según la CIRT, el proyecto facultaría al gobierno para determinar qué contenidos constituyen información falsa o descontextualizada, debilitando los mecanismos de autorregulación existentes y restando independencia a la figura del defensor de las audiencias, quien, afirmó, quedaría subordinado a la autoridad.
La CIRT también cuestionó el régimen de sanciones previsto en el proyecto, al considerar que las multas propuestas son desproporcionadas.
De acuerdo con el organismo, las sanciones podrían alcanzar hasta el uno por ciento de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador por supuestas faltas informativas, pese a que la legislación vigente únicamente contempla multas en casos específicos, como la falta de designación de un defensor de las audiencias o la ausencia de un código de ética.
A juicio de la Cámara, ello implicaría la creación de sanciones que no están previstas expresamente en la ley.
Otro de los puntos que generó preocupación es la creación de un “recurso de inconformidad” mediante el cual el gobierno podría revisar las resoluciones emitidas por los defensores de las audiencias.
La CIRT advirtió que esta figura podría derivar en que la autoridad termine decidiendo qué contenidos, incluidos los informativos, pueden o no difundirse a través de los medios de comunicación.
Asimismo, pidió que el proyecto establezca de manera expresa la prohibición de admitir quejas anónimas, al considerar que, de lo contrario, podrían utilizarse como un mecanismo de presión contra periodistas y comunicadores mediante denuncias falsas o promovidas de manera artificial.
Pese a las observaciones, la Cámara consideró positivo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones haya abierto un proceso de consulta pública, pues estimó que este espacio permitirá corregir errores, eliminar excesos y fortalecer un marco regulatorio que garantice simultáneamente la protección de las audiencias y el pleno respeto a la libertad de expresión.
La CIRT adelantó que continuará analizando el proyecto con mayor profundidad, incluyendo comparaciones con estándares internacionales, antes de presentar su postura definitiva ante la autoridad reguladora.
El organismo subrayó que cualquier regulación en la materia debe preservar el derecho de las audiencias a elegir libremente la programación nacional e internacional que desean ver y escuchar, sin que ello implique restricciones indebidas a la labor periodística ni a la difusión de contenidos informativos.
