Manuel Loaiza Núñez
El pasado viernes 21 de agosto de 2026 nos sorprendió la noticia del regreso de Rubén Rocha Moya a la titularidad de la Gubernatura del Estado de Sinaloa. Nos sorprendió por lo inusitado de su conducta. Apareció ofreciendo firmeza en la gestión de gobierno, así como mantener la frente en alto, dado que, dijo, no se le había acreditado ninguna conducta delictiva, como acusó el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que fue la causa de su licencia temporal que disfrutó por 112 días.
Pero si su regreso fue sorpresivo, su nueva usencia lo fue en mayor medida, ya que a escasas 34 horas de su aparición, procedió a hacer mutis y desparecer de nuevo, dejando al Congreso Estatal una solicitud de licencia por tiempo indefinido.
Ambos eventos son parte del folclor nacional; sin embargo, dejan muchas preguntas sin responder y muchas dudas a la ciudadanía, ya que la lógica de los políticos, centrada en el uso y abuso del poder, es diferente a la del ciudadano común, que espera resultados, servicio y respeto al estado de derecho. En efecto, todas las opiniones y comentarios en redes y en medios de comunicación abiertos han versado sobre la manera de aparecer y sus posibles causas y razones, desde creer que se manda solo, hasta considerarlo un títere que usaba esa maniobra para ocultar el escándalo de las visas canceladas por el gobierno norteamericano a diversos políticos y en especial al hijo del ex Presidente de la República.
Con independencia si fue una mera ocurrencia propia o si siguió órdenes de alguien más, el sainete le pintó de cuerpo entero, al igual que a la clase política en el poder. Al respecto, lo que debiera ser mandatorio es el contenido de la ley y no las opiniones de propios y extraños. Llama la atención que cuando solicitó su primera licencia, de inmediato el partido Morena, tanto a nivel estatal como nacional le manifestó su apoyo, al igual que distintos actores políticos, que tienen responsabilidades muy concretas en el ámbito estatal y federal, desde los gobernadores de otros estados también emanados de ese partido, hasta la Presidenta de la República, pasando por los legisladores y algunos otros servidores públicos, cuya función está prevista en la ley y en ningún caso incluye solidarizarse con sus congéneres partidistas en desgracia.
Lo anterior, en el entorno político los identifica como miembros de la misma especie y si bien es cierto que los políticos viven, comen y respiran política, no es menos cierto que el mandato de ley es de servicio a la ciudadanía. En esa virtud, quienes detentan un cargo público, antes que a sus preferencias y aficiones personales deben responder desde su esfera de responsabilidad y si bien es cierto que no dejan de ser ciudadanos, ni miembros de partido, también es cierto que su obligación dentro de la función pública es de servicio a la ciudadanía y nada más. En sus tiempos libres, extralaborales pueden decir y opinar como les venga en gana, pero no durante el desempeño de su función.
En razón de lo anterior, si fue ilegal la manifestación de solidaridad y el grito, ahora clásico contemporáneo de “No estás solo”, también lo es el hacer señalamientos relativos a que debió haber solicitado permiso a la presidenta (quien a su vez manifestó haberse enterado por un tuit), o haber consultado al partido, ya que nadie está por encima de sus principios o alegar que “Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente sino la ambición desnuda del poder por el poder”. Un cambio radical de un día para otro. Claramente ninguno de ellos fundamentó su opinión.
Al respecto, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, vigente, dispone en su artículo 3 que “El Estado de Sinaloa es libre y soberano en su régimen interior, sin más limitaciones que las expresamente establecidas por el Pacto Federal…”; mientras que el diverso 2, establece que la soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo sinaloense, sin que sepamos que se haya consultado al pueblo, tan invocado en el discurso y tan despreciado en la toma de decisiones que impactan a la colectividad.
Asimismo, el artículo 43 de la propia constitución local establece, en su fracción XIX, que es facultad del Congreso estatal conceder licencia y admitir la renuncia al Gobernador; mientras que la XIII le faculta para elegir a la ciudadana o al ciudadano que deba sustituir al Gobernador o a la Gobernadora del Estado, con el carácter de sustituta o sustituto, o de interina o interino.
Lo anterior, debido a que el diverso 58, de la misma constitución, previene que las faltas temporales de la Gobernadora o Gobernador del Estado hasta por treinta días serán suplidas por la Secretaria o Secretario de Gobierno, con el carácter de encargado del Despacho; pero cuando el lapso es mayor, serán cubiertas por una Gobernadora o Gobernador Interino que nombrará el Congreso por mayoría absoluta de votos. A su vez, el diverso 59 establece que en caso de falta absoluta de la Gobernadora o el Gobernador del Estado, ocurrida dentro de los dos primeros años del sexenio, el Congreso concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros nombrará por mayoría absoluta de votos una Gobernadora o un Gobernador Interino; sin embargo, si la falta absoluta ocurriera en los últimos cuatro años de su período, el Congreso designará a la Gobernadora o al Gobernador Substituto.
Si el Estado de Sinaloa es libre y soberano en su régimen interior ¿Debería la Presidenta de la República intervenir y dar manotazos o autorizaciones para licencias o regresos al cargo?; ¿Algún funcionario federal es competente para intervenir en el cambio de titular del ejecutivo estatal o es competencia exclusiva de su congreso local?
Sin duda este episodio tragicómico de la política estatal es un claro reflejo de nuestra endeble y raquítica democracia, pero no es definitivamente con la intervención alegal de otros poderes o niveles de gobierno como se resuelven los entuertos políticos, sino con la participación decidida y ordenada de la sociedad sinaloense. Necesitamos más participación social y menos politiquería.
