Aunque la autonomía económica por sí sola no impide la comisión de un feminicidio, sí resulta determinante para ampliar las opciones reales de las mujeres que buscan salir de una relación violenta. Contar con ingresos propios, acceso a empleo o alternativas productivas puede significar la diferencia entre permanecer en un entorno de riesgo o lograr una separación segura.
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, presentó una iniciativa de ley orientada a fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia económica y patrimonial.
La propuesta establece que las autoridades deberán canalizar de manera inmediata a las víctimas hacia programas de apoyo económico, capacitación laboral, empleo y emprendimiento ya existentes, así como a mecanismos de orientación, reclamación y defensa financiera, particularmente cuando existan indicios de afectaciones relacionadas con créditos, préstamos, cuentas u otros instrumentos financieros.
Asimismo, se faculta a los órganos jurisdiccionales para ordenar medidas temporales de preservación sobre cuentas bancarias, de inversión u otros instrumentos financieros de los que la víctima sea titular o cotitular con la persona agresora, cuando ello sea necesario para proteger su integridad, seguridad o subsistencia.
La iniciativa es clara en sus alcances: no establece la entrega automática de recursos, no presume copropiedad ni autoriza la disposición de fondos por la sola calidad de víctima. Su objetivo es estrictamente preventivo: evitar la sustracción, ocultamiento, cancelación o uso indebido de recursos en perjuicio de la víctima mientras se resuelve la situación jurídica correspondiente.
En ese sentido, toda medida deberá ser ordenada por autoridad judicial, con una delimitación precisa de su alcance, duración y condiciones, bajo criterios de necesidad y proporcionalidad. En ningún caso podrá prejuzgar sobre la titularidad definitiva de los recursos ni afectar derechos de terceros.
“Estas propuestas no implican un nuevo impacto presupuestal, ya que la canalización se realizará a través de programas existentes, y las medidas financieras se instrumentarán mediante las facultades ya previstas para los órganos jurisdiccionales y el sistema financiero”, explicó la legisladora.
Finalmente, Ortega Pacheco subrayó que la implementación requerirá coordinación entre autoridades de protección a mujeres, instancias laborales y el sistema financiero, a fin de garantizar que los mecanismos funcionen de manera efectiva y oportuna para las víctimas.
