Sepa La Bola
Claudia Bolaños
Y Sepa La Bola… pero en el Estado de México, la corrupción y la extorsión no siempre empiezan con un contrato: a veces comienzan con una visita de inspección y terminan con un comerciante obligado a explicar por qué debe pagar para seguir trabajando. Esa es la gravedad de los señalamientos que hoy rodean a la Junta de Caminos y que merecen algo más que silencio burocrático.
Los señalamientos de diversas asociaciones apuntan a tres nombres: Iván Juárez Bárcenas, apodado “El Rey de las Tortas”; Joel González Toral, titular de la Junta de Caminos, y Misael Gómez Granillo, señalado como responsable del derecho de vía.
Las acusaciones son graves: presuntas extorsiones, cobros indebidos, abuso de autoridad y obstáculos para acceder a los funcionarios. Ninguna puede desestimarse sin que las autoridades investiguen.
Según las denuncias ciudadanas, la presunta extorsión alcanzaría torterías, gasolineras, hoteles, agencias automotrices y restaurantes.
También mencionan exigencias de hasta 500 mil pesos por establecimiento triple AAA y supuestas amenazas relacionadas con documentación o permisos. Las cantidades impresionan, pero la obligación es que las autoridades investiguen.
Existe un antecedente institucional que impide despachar el tema como simple rumor. En junio de 2024, el entonces director de la Junta de Caminos informó que más de 40 inspectores habían sido denunciados por intentos de extorsión.
La Asociación de Empresarios del Estado de México advirtió sobre el impacto de la extorsión en el Valle de México.
A esa exigencia de justicia se suman uniones de colonos, asociaciones vecinales, organizaciones de restauranteros y agrupaciones de gasolineros.
El escrutinio ciudadano exige aclarar posibles incorporaciones familiares, testimonios identificables, folios de investigación y oportunidad de respuesta.
Delfina Gómez y el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, tampoco pueden ser convertidos en protectores de nadie que viole la ley.
Precisamente por eso conviene esclarecer también la intimidación de los funcionarios a los comerciantes.
La Fiscalía mexiquense debe informar el avance de las denuncias y qué medidas protegen a las víctimas. La contraloría debe revisar facultades, nombramientos y eventuales conflictos de interés.
El derecho de vía pertenece al interés público. Jamás debería convertirse, bajo sospecha alguna, en una caseta privada de cobro.
Y Sepa La Bola pero hay serios señalamientos sobre presuntas prácticas de prostitución clandestina en áreas de visita familiar del penal de Santa Martha Acatitla plantean una pregunta: ¿quién vigila a quienes deben garantizar el orden? Incluso en redes sociales se habla tambien de visitas intimas clandestinas, muy costosas, según sea el horario.
De acuerdo con un testimonio, en el Reclusorio Norte los mandos operativos Raimundo Villanueva Guadarrama y Esteban Herrera García, adscritos a distintos grupos, presuntamente tendrían bajo su control un esquema de encuentros íntimos clandestinos dentro del centro penitenciario.
La denuncia refiere que antiguos espacios destinados a tiendas de insumos, ubicados cerca de las salas de visita familiar 2 y 7, habrían sido acondicionados con colchones para realizar encuentros sexuales al margen de los procedimientos institucionales.
Según la versión, ingresarían mujeres ajenas a los vínculos familiares de las personas internas y se cobrarían entre cuatro mil y diez mil pesos por encuentro. El testimonio menciona decenas de servicios por jornada, cifras que deben verificarse mediante una investigación formal.
La fuente ubica entre las dos y las tres de la tarde el periodo de mayor actividad y señala que las cámaras de vigilancia podrían aportar elementos para esclarecer los hechos.
El señalamiento también menciona siete salas de visita familiar y una explanada donde presuntamente se instalarían espacios improvisados con lonas y sillas. Por ello, una revisión tendría que abarcar las instalaciones, los registros de acceso y la actuación del personal responsable.
Si las acusaciones se confirman, el caso rebasaría una falta administrativa y abriría interrogantes sobre posibles redes de corrupción, abuso de autoridad y delitos.
La denuncia también alude a una controversia anterior por presuntos hechos similares en Santa Martha Acatitla hace años, cuando se denunció que intefnad eran utilizadas para practicas de ese tipo.
Las autoridades deben explicar si los protocolos funcionan y, en su caso, quién permitió las posibles irregularidades.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y las áreas de asuntos internos e inteligencia penitenciaria deben investigar, preservar las grabaciones disponibles, inspeccionar los espacios señalados y proteger a posibles víctimas y denunciantes frente a represalias.
Las prisiones no pueden convertirse en espacios donde la autoridad sea una apariencia y las necesidades de las personas internas sirvan para generar negocios clandestinos. Si quienes deben mantener el orden participan en estas prácticas, o permiten que ocurran, la responsabilidad institucional debe esclarecerse y alcanzar a quienes resulten responsables.
Y a 25 años de la lucha de San Salvador Atenco, desde aquí felicito a mi amigo y colega Javier Salinas por la publicación de su libro Un aterrizaje forzoso, una obra que rescata la memoria de la lucha de ese pueblo que él califica como heroico. Sus habitantes se enfrentaron al gobierno y resistieron una fuerte represión para defender sus tierras e impedir la construcción del aeropuerto en esa zona. La presentación del libro se realizó en el propio Atenco, donde varios de los participantes de aquella magna defensa recordaron la unidad, la resistencia y la fuerza colectiva que les permitieron frenar el proyecto aeroportuario.
