La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participe en la identificación y análisis de operaciones posiblemente vinculadas con delitos de trata de personas.
Establece que implementará mecanismos de alerta, coadyuvará, en términos de la legislación financiera aplicable, en la adopción de las medidas de bloqueo que legalmente correspondan, y fortalecerá el intercambio de información interinstitucional.
Plantea que el ejercicio de estas funciones deberá observar los principios de legalidad y debido proceso, la protección de datos personales, la confidencialidad y los mecanismos de impugnación aplicables, sin menoscabo de las atribuciones del Ministerio Público.
El dictamen que reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, incorpora para ello a la SHCP dentro de la Comisión Intersecretarial en la materia.
En los considerandos señala que la citada ley menciona en su artículo 84 a la Comisión Intersecretarial como el órgano rector fundamental del Ejecutivo Federal para definir, articular y coordinar la política pública del Estado en la materia. Sin embargo, la integración actual prevista en el artículo 85 de dicho ordenamiento adolece de una omisión estructural al excluir a la SHCP, prescindiendo con ello de la participación directa y estratégica de la dependencia que, por conducto de UIF, desarrolla las funciones de inteligencia financiera del Estado mexicano.
Esta Comisión Dictaminadora estima que la incorporación formal de la SHCP a la Comisión Intersecretarial no constituye una simple ampliación orgánica, sino una necesidad operativa ineludible para desarticular la dimensión económica de este delito.
De este modo, la incorporación de la SHCP “beneficia de manera directa a la Comisión Intersecretarial al aportar ventajas estratégicas concretas: facilita la detección temprana de patrones y señales de alerta, tales como cambios frecuentes de razón social, la creación de sociedades fachada con objetos sociales similares y adquisiciones patrimoniales incongruentes con el perfil transaccional de los sujetos involucrados, explica.
Además, potencia la capacidad del Estado para identificar a los beneficiarios finales, coadyuvar eficazmente en el congelamiento de activos y neutralizar los incentivos económicos que alimentan y rentabilizan las redes criminales.
Fortalece el intercambio oportuno y sistemático de información entre las dependencias encargadas de la seguridad, la procuración de justicia y el control fiscal, consolidando una política pública integral, moderna y congruente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
Por consiguiente, enfatiza, colmar este vacío institucional dota a la política pública nacional de herramientas indispensables de detección oportuna, alertas tempranas y seguimiento riguroso de los recursos de procedencia ilícita vinculados con los delitos objeto de la Ley General.
El dictamen, avalado en reunión de la Comisión, presidida por la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna (Morena), también tiene el objetivo de realizar un proceso de armonización de las denominaciones de diversas dependencias de la Administración Pública Federal en la ley general aplicable.
La diputada Laura Hernández García (MC) expresó su voto a favor, al considerar que las modificaciones fortalecen el marco institucional para combatir la trata de personas, mediante la incorporación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los mecanismos de coordinación y el uso de herramientas de inteligencia financiera para detectar operaciones sospechosas y recursos vinculados con redes de explotación.
También reconoció el trabajo de la Comisión en la armonización de atribuciones y el fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades de seguridad, procuración de justicia y protección a las víctimas.
Aprueban en Comisión dictamen para que la UIF identifique operaciones vinculadas con delitos de trata de personas












