La Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes para que el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) promueva y fomente la participación política de la juventud, así como el acceso a oportunidades de educación, empleo, cultura, deporte, participación social y la protección y cuidado de su salud física y mental.
Al referirse dictamen a la iniciativa que adiciona una fracción VIII al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, Alejandra Chedraui Peralta (PVEM), autora de esta propuesta, consideró indispensable que ese instituto reconozca a las y los jóvenes que quieran participar en política, con el objeto de que estén cada vez más involucrados y se sumen a los temas del país.
El segundo dictamen a la iniciativa que modifica las fracciones II y IV del mismo artículo, es para que el instituto defina e instrumente una política nacional de juventud “con enfoque de derechos integral e interseccional, que garantice” la incorporación plena de los jóvenes al desarrollo del país.
Asimismo, para que asesore al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, “con el fin de garantizar el acceso a oportunidades de educación, empleo, cultura, deporte, participación social y política, y la protección y cuidado de su salud física y mental”.
La diputada promovente, Xóchitl Teresa Arzola Vargas (Morena) señaló que esta reforma incorpora expresamente la protección y el cuidado de la salud física y mental dentro de las atribuciones del Imjuve.
“No crea una nueva burocracia, reorienta y fortalece las atribuciones que ya tiene el Instituto dotándolo de un marco acorde a la Constitución Política y con las necesidades de las juventudes del México actual”, subrayó.
Al hacer énfasis en el tema de la salud mental, aseguró que durante mucho tiempo se ha tratado el bienestar emocional de los jóvenes como un asunto secundario o exclusivamente clínico, pero hoy se sabe que la violencia, el acoso, la incertidumbre económica, la presión laboral y otros factores sociales tienen consecuencias profundas en la vida de las juventudes.
Indicó que reconocer derechos no es conceder privilegios, y escuchar a las juventudes no deber ser un acto simbólico, sino una obligación permanente del Estado mexicano, por lo que en estos momentos se tiene la oportunidad de dar un paso importante para construir una política de juventud, más moderna, incluyente y, sobre todo, basada en derechos.
