Ante la proximidad de los comicios de 2027, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que garantizar un proceso abierto, verificable y basado en criterios objetivos para la designación de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) resulta determinante para la vida democrática y la confianza ciudadana en el país.
El organismo del sector privado en México exigió transparencia y rigor técnico en la renovación de la presidencia del INE.
Por ello, el organismo que encabeza José Mediana Mora exhortó a la Cámara de Diputados a que, en la elección de la nueva titularidad del organismo, se antepongan los perfiles con trayectoria electoral comprobada, capacidad técnica y probidad por encima de cualquier consideración de carácter político.
A través de un comunicado, el sector empresarial subrayó que las autoridades que asuman el cargo deben comprometerse a ejercer sus funciones con estricto apego a los principios rectores establecidos en el artículo 41 de la Constitución, especialmente en lo referente a la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Esta exigencia cobra especial relevancia de cara a las elecciones de 2027, un proceso de gran envergadura en el que se renovarán más de 19,000 cargos de elección popular en todo el país, incluyendo 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas. Para el CCE, el desempeño tanto del INE como de sus 16,000 colaboradores será un pilar fundamental para salvaguardar la estabilidad institucional.
Además de resolver la renovación de la presidencia con oportunidad, el CCE apuntó que es indispensable revisar las disposiciones legales vigentes. Esto con el objetivo de asegurar la continuidad en la operación del instituto electoral y fortalecer los mecanismos internos de deliberación, toma de decisiones colegiadas y contrapesos institucionales.
El CCE insistió en que contar con autoridades electorales confiables e independientes no solo fortalece los principios democráticos, sino que también fomenta un entorno de estabilidad política y certeza jurídica indispensable para propiciar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico de México
