La jefa de Gobierno, Clara Brugada, garantizó que no aumentará el impuesto predial en la capital mexicana, en respuesta a las protestas contra el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana (POZMVM), que se encuentra bajo la lupa vecinal por temor a alzas fiscales, riesgos a la propiedad privada y bloqueos en los foros de consulta ciudadana.
“Seré breve: la Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. No se dejen engañar”, con este mensaje en redes sociales, la morenista atajó la polémica en torno al POZMVM, que fue presentado el 29 de septiembre en el Congreso capitalino por el secretario de Metrópolis, Enrique Irazoque.
Es la segunda vez en poco más de una semana que Brugada sale a defender el programa. El 1 de octubre pasado respondió a las críticas del Grupo Parlamentario del PAN, cuyos legisladores advirtieron el 30 de septiembre que el proyecto podría permitir la venta forzosa, mediante subasta pública, de terrenos baldíos o subutilizados ubicados en polígonos de desarrollo prioritario, si sus propietarios no construyen en un plazo de dos a cuatro años.
En ese entonces, la mandataria los acusó de “confundir a la población” y “atemorizar a la gente”, y aseguró que el programa no genera obligaciones jurídicas.
En esta ocasión, su nuevo pronunciamiento coincidió con el anuncio de la coordinadora de Morena en el Congreso capitalino y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Xóchitl Bravo, quien informó que el próximo lunes 12 de octubre su bancada solicitará al Consejo de Desarrollo Metropolitano revisar y, en su caso, modificar o eliminar apartados del POZMVM que puedan generar “malas interpretaciones” sobre posibles aumentos al predial, cambios de uso de suelo y el aprovechamiento de terrenos baldíos.
En esa misma conferencia, Irazoque reiteró que el programa no tendrá efectos inmediatos sobre los aspectos cuestionados y recordó que el documento aún se encuentra en consulta pública, por lo que no ha sido aprobado.
El funcionario sostuvo que el POZMVM es un instrumento de planeación y coordinación entre los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, por lo que no sustituye las atribuciones fiscales y legislativas de cada entidad.
La consulta pública del POZMVM comenzó el 24 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre, con más de 70 encuentros programados en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.
Incluso antes de que comenzara la consulta, el Gobierno capitalino ya se había anticipado a los cuestionamientos: el 23 de septiembre, Metrópolis difundió un comunicado en el que descartó aumentos al predial y afectaciones a la propiedad privada, pero sí reconoció que el proyecto incluye una propuesta para fortalecer la recaudación mediante la actualización catastral, la cual, aclaró, no es vinculante ni establece nuevas tarifas o cuotas.
“Esta propuesta no es vinculatoria ni fija tarifas, cuotas ni montos a pagar por ningún inmueble: las decisiones fiscales y catastrales corresponden, como hasta ahora, al Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México”, sentenció la dependencia.
Esa posibilidad se convirtió en uno de los principales puntos de controversia. Los mismos puntos que Metrópolis había intentado aclarar antes del inicio de la consulta fueron retomados esta semana por vecinos durante dos foros, en los que cuestionaron las posibles consecuencias fiscales y patrimoniales del programa y denunciaron restricciones para expresar sus inconformidades ante las autoridades.
El episodio más reciente ocurrió el jueves 8 de octubre en el Salón Quetzalcóatl de Xochimilco, donde los asistentes exigieron un diálogo abierto con los representantes gubernamentales y denunciaron que no se les permitió utilizar el micrófono para plantear sus objeciones al proyecto. Algunos asistentes incluso exhibieron pancartas con la consigna “No queremos más consultas a modo”.
Dos días antes, el martes 6 de octubre, un foro celebrado en el PILARES Carlos Monsiváis, en la colonia Portales de Benito Juárez, también provocó protestas de vecinos e integrantes de Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco), quienes denunciaron que no pudieron tomar la palabra para cuestionar el programa.
La inconformidad se trasladó a Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Ermita del Metro, donde los manifestantes bloquearon la circulación durante más de tres horas y exigieron que se publicaran la lista de asistentes y la relatoría completa de la consulta.
Pese a las protestas, Metrópolis presentó ambos encuentros en sus redes sociales como ejercicios de diálogo ciudadano, sin mencionar las denuncias de los participantes.
