La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la validez constitucional de dos reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que ambas alcanzaron el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales requerido por el artículo 135 constitucional.
Se trata de la reforma en materia del Poder Judicial para posponer la elección judicial al primer domingo de junio de 2028, y de la modificación al artículo 41 para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.
Durante la sesión, la Mesa Directiva informó que 25 congresos locales aprobaron la reforma judicial, por lo que se confirmó el cumplimiento del requisito constitucional para su entrada en vigor.
Tras el escrutinio y cómputo de los votos remitidos por las legislaturas estatales, se acreditó el aval de los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
La Secretaría de la Comisión Permanente informó que los 25 votos recibidos fueron favorables al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma al Poder Judicial, por lo que se alcanzó la mayoría de las legislaturas estatales exigida para modificar la Carta Magna.
Posteriormente, la presidencia de la Comisión Permanente realizó la declaratoria formal de aprobación constitucional y anunció que el decreto será remitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
La reforma judicial constituye uno de los cambios más profundos al sistema de impartición de justicia del país, al establecer un nuevo modelo para la integración y elección de diversos cargos del Poder Judicial, además de redefinir aspectos de su estructura y funcionamiento.
La reforma judicial constituye uno de los cambios más profundos al sistema de impartición de justicia del país, al establecer un nuevo modelo para la integración y elección de diversos cargos del Poder Judicial, además de redefinir aspectos de su estructura y funcionamiento.
