Diputados y diputadas del PAN cuestionaron el proceso de elaboración y consulta del Proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 que se prevé avalar en septiembre próximo, porque vulnera la ley y los derechos humanos de la ciudadanía.
En conferencia de prensa, manifestaron su respaldo a las inquietudes expresadas por vecinos e integrantes de los Comités de Participación Comunitaria (Copacos) y se sumaron a su exigencia de que se reponga todo el procedimiento de este proyecto y que sea construido con la participación ciudadana.
La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo sostuvo que este documento tiene 500 páginas en donde se visualizan algunos despropósitos y una clara violación a la Constitución federal, así como la local, además de los derechos humanos.
Destacó que hay varios puntos prioritarios que se deben poner sobre la mesa: se plantean 16 casas de gobierno, independientemente de las que ya se han hecho, con presupuesto, con autoridad y con facultades para el manejo de programas sociales. Tendrán además sus propios módulos de atención judicial.
“Así es que se crea una estructura de gobierno paralela bastante preocupante, y estas casas de gobiernos además no son electas, faltaba más, son designadas precisamente por la jefa de Gobierno”.
Además, dijo, se pretende anular los modelos de representación comunitaria en los que realmente quieren sustituir a quienes conocemos como Copacos, quienes trabajan voluntariamente al servicio de la ciudad, no pertenecen a ningún partido, pero tienen conocimiento de la colonia, de los barrios.
Asimismo, buscan implementar los polígonos de bienestar que dejan a un lado colonias, barrios e identidades hasta prehispánicas.
“Hay una propuesta de uso de suelos mixtos que trae un crecimiento inmobiliario sin control, que aumenta la presión sobre los servicios públicos, pero además genera una discrecionalidad absoluta que siempre ha sido condición para la corrupción”.
Por su parte, el diputado Federico Döring Casar explicó que los Institutos de Planeación surgieron con los gobiernos panistas y debían ser meramente ciudadanos, no partidistas para que ninguna mayoría pudiera avalarlo o no y esa visión ciudadana durara 20 años, y no hubiera ocurrencias que volvieran política e incluso si el Instituto rechazara alguna propuesta ciudadana, tenía que explicar al Congreso las razones.
“Por eso, hacer trampa en esta consulta es una trampa mortal, porque es aprovechar el tramo de buena voluntad de quienes hicimos la cuestión para que los ciudadanos avalaran algo que no manosearan los políticos, para que el aval de los ciudadanos tuviera en la afirmativa ficta y cero chantaje político. Morena se lo está robando al ciudadano para devolvérselo a los políticos”.
Reiteró que es una trampa que puede durar 20 años, no es un “mayoriteo” presupuestal, es una ley que no se va a poder revertir y si les entregan la ciudad a esos intereses económicos, no importa quién gobierne la capital del país, ésta estará hipotecada por estos “gobiernos del bienestar” a esos intereses económicos en la ciudad.
En su oportunidad, la diputada local Olivia Garza de los Santos, presidenta de la Comisión de Planeación de Desarrollo en el Congreso de la Ciudad de México, denunció que este proyecto es totalmente ilegal debido a que se empezó a compartir, a circular y a consultar sin haber sido aprobado por la Junta de Gobierno, que era uno de los requisitos indispensables que mandata la ley.
Asimismo, cuando se abrieron los procesos de consulta, mañosamente el Gobierno de la Ciudad de México los llevó a edificios públicos manipulados con funcionarios, en el mejor de los casos, de la misma alcaldía.
“Vimos que los vecinos y los Copacos eran agredidos por el gobierno de Morena, presentamos incluso quejas ante el Instituto Electoral por la violación a los procesos de participación ciudadana, porque los vecinos fueron violentados, incluso obligados a salir de los lugares donde se consultó el PGD, casos que tenemos documentados en Gustavo A. Madero y en Álvaro Obregón”.
Derivado de esto, continuó, se han presentado denuncias en la Contraloría de la Ciudad de México en contra de la titular del Instituto de Planeación, Patricia Ramírez, justo porque como funcionaria y como servidora pública debe cumplir el procedimiento de manera legal.
Se le ha solicitado, comentó, informe sobre quién es el encargado del Plan General de Desarrollo, quién recibió las propuestas de los ciudadanos, cuál fue el procedimiento para tomar en cuenta las consultas, las opiniones de los vecinos, si se van a incluir y cuáles sí se van a incluir y cuáles no, y a qué se atribuye que se incluya o no, qué autoridades van a participar en esta etapa, cuáles serán, y lo más importante, cuándo va a llegar al Congreso y solo ha habido silencio institucional.
En su oportunidad, la diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, manifestó su respaldo a las inquietudes expresadas por vecinos e integrantes de los Copacos.
Reiteró su compromiso de vigilar que este instrumento se construya con pleno respeto a la legalidad, la transparencia y los derechos de participación ciudadana.
Señaló que este documento que marcará el rumbo de la capital durante los próximos 20 años debe surgir de un proceso abierto, incluyente y transparente, en el que la ciudadanía tenga la certeza de que sus opiniones fueron escuchadas y tomadas en consideración; es la única forma de generar confianza en un proceso tan importante.
Por otra parte, interrogada sobre las negociaciones anuales del T-MEC, la diputada Margarita Zavala manifestó su preocupación por esta determinación; no obstante, confió en que sean a favor de los tres países.
Al respecto, el diputado Federico Döring dijo que falta mucho diálogo para apostar por un nuevo acuerdo comercial regional y criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya podido tener un diálogo con el mandatario estadounidense, Donald Trump respecto a este tema.
“Mantener el tratado es lo que nos hace, cuando Trump se pelee con el resto del mundo, todavía atractivos a pesar de tener cero certeza jurídica, cero Estado de derecho, de un país que no genera ni siquiera energía eléctrica.
“Si perdemos eso, vamos a perder el grado de inversión y vamos a tener problemas”, finalizó.
