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El Senado aprueba la Ley Catastral, que ordena homologar la información de los municipios

El Senado de la República aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que establece las bases, principios, criterios y mecanismos de coordinación entre la Federación para fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interoperar los catastros y los registros públicos de la propiedad. 

El Pleno aprobó por 69 votos a favor y 32 en contra la ley, que también plantea establecer la Clave Única Catastral para identificar los inmuebles, así como la Cédula Única Catastral y Registral, que concentra los elementos mínimos para la identificación y ubicación del predio y materializa la vinculación entre la información. 

Entre sus novedades está la Plataforma Catastral Municipal, un mecanismo de coordinación tecnológica para la gestión y el uso de la información que permanece bajo la competencia de los estados y los municipios y la responsabilidad será de las autoridades correspondientes.  

Además, la reforma fija que a la Agencia de Transformación Digital se le asignaran facultades para emitir modelos, lineamientos y herramientas tecnológicas para su implementación. 

Con ello se busca fomentar la transparencia inmobiliaria y la modernización digital sin invadir la autonomía municipal ni centralizar la recaudación del predial, ya que ésta sigue a cargo de los municipios. 

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Néstor Camarillo Medina, afirmó que están a favor de catastros modernos, pero en contra de imponer nuevas obligaciones sin garantizar los recursos necesarios y dejar fuera a los gobiernos locales. 

“Desde Movimiento Ciudadano queremos catastros modernos, trámites sencillos y mayor seguridad para las propiedades de las familias; pero también queremos municipios fuertes, con capacidad para decidir y con recursos para cumplir sus responsabilidades. 

Por su parte, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, criticó que se faculte a la Agencia de Transformación Digital para crear obligaciones a los estados, a los municipios, lo que, a su parecer, representa una grave concentración de información. 

“Y quiero referirme a qué va a hacer con esta información la Agencia de Transformación Digital, toda vez que el catastro no es función federal. 

“Es una función en la cual las legislaturas de los estados o la delegan a los municipios o se la asignan a los estados, como es el caso de Querétaro, el caso de Nuevo León y de Aguascalientes. Y habla claramente de que va a haber medidas de protección para los datos personales, la integridad y la seguridad. 

“Pero esto no basta con decirlo, necesitamos límites verificables para qué quieren la información, con qué finalidad, quién puede consultarlo y cómo se impugnan datos erróneos”, explicó.