Derivado de la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión del gobierno de Claudia Sheinbaum, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) señaló que no basta por sí sola, a la propuesta se le debe sumar que este delito sea perseguido de oficio, es decir, que no dependa de una denuncia formal por parte de las víctimas para ser investigado.
A través de un análisis, el organismo empresarial expuso que tiene identificado que la extorsión sobrepasa las cifras oficiales.
Los datos oficiales señalan que el 66?% de las carpetas de investigación por extorsión en México se concentran en ocho entidades, estas son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
La organización insistió en que existe una deuda histórica con las víctimas, ya que “quienes denuncian enfrentan un alto riesgo de represalias por parte del crimen organizado”, remarcó.
Por ejemplo, recordó que hace un año fue el asesinato de Julio César Almanza Armas, presidente de la (FECANACO Tamaulipas y prosecretario de la Confederación.
“Su caso es un recordatorio de que la extorsión no es un delito menor, es terrorismo económico. Y quienes lo enfrentan en territorio —no desde corporativos, sino desde los locales comerciales— merecen protección, justicia y memoria”, concluyó con dureza la Concanaco.
La Concanaco expuso sobre la mesa las afectaciones que la extorsión provoca en la economía nacional, siendo la más visible el encarecimiento de productos y servicios esenciales. Esta forma de violencia, señaló, no solo es una amenaza para las empresas; es un cáncer que encarece la vida cotidiana de millones y afecta el tejido social de todo el país.
