El gobierno de Sonora rechazó la supuesta investigación penal de Estados Unidos contra el dirigente estatal, Alfonso Durazo Montaño, tras una publicación de Los Angeles Times, donde se asegura que el sonorense está bajo indagatoria por su presunta participación en el crimen organizado, además de que habría sido despojado de su visa.
A través de redes sociales, Paloma Terán Villalobos, secretaria de Comunicación del gobierno de Sonora, tachó de “completamente falsa” la información publicada por el diario estadunidense y afirmó que Durazo no ha sido notificado de ninguna investigación:
El gobernador posee una visa válida y no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos”, escribió Terán Villalobos en X.
“Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia”, añadió.
Este 3 de junio, “Los Angeles Times” publicó un reportaje de los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, en el que se menciona que, “según fuentes familiarizadas con los casos”, las autoridades estadunidenses abrieron investigaciones criminales contra Durazo, gobernador de Sonora y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas.
Asimismo, se afirmó que ambos habrían sido despojados de sus visas en medio de las indagatorias penales.
En el reportaje, se catalogó a Durazo, de 71 años, como “uno de los líderes de más alto perfil que se cree que está siendo investigado”.
“Anteriormente se desempeñó como secretario de Seguridad de México, ayudando a implementar la controvertida estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador de ‘abrazos, no balazos’, que hacía hincapié en abordar las causas profundas del crimen en lugar de los enfrentamientos militares. Sonora es una importante ruta de tránsito del narcotráfico hacia Estados Unidos”, se lee en el reportaje.
Además, se recordó que tanto Durazo como Villareal, ambos morenistas, son grandes aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha criticado las recientes investigaciones estadunidenses contra líderes mexicanos, calificándolas de injerencia electoral y violación de la soberanía de México.
De acuerdo con el informe, pese a no tener visa, Durazo viajaría con regularidad a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado, “en el marco de un programa de libertad condicional generalmente reservado para personas que cooperan con las autoridades”.
“El programa, conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, permite a los no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de los cargos reales o pendientes en su contra o en contra de otros”.
Este caso ocurre a poco más de un mes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, presuntamente vinculados con el crimen organizado.
