Por: Lic. Marco Arturo Urquides
Columna de análisis político-económico
Octubre 2025
En México, el robo de combustible ha dejado de ser una imagen de pipas perforadas y tomas clandestinas en los ductos. Hoy, el huachicol se ha transformado en un sistema más sofisticado y rentable: uno que no solo ocurre en tierra, sino también en altamar y en los despachos fiscales.
El huachicol fiscal y el huachicol marítimo representan dos caras del mismo problema estructural: la captura del Estado por redes criminales y la falta de vigilancia efectiva sobre los flujos de energía y recursos públicos. Ambos drenajes de riqueza pública cuestan al país miles de millones de pesos cada año.
El huachicol fiscal: evasión con sello oficial
El llamado huachicol fiscal consiste en el uso de facturas falsas, empresas fantasma y créditos fiscales simulados para evadir el pago de impuestos o lavar recursos obtenidos del robo de combustibles.
De acuerdo con estimaciones del SAT y la ASF, solo entre 2021 y 2024, este esquema provocó pérdidas superiores a 250 mil millones de pesos, equivalentes a casi 1% del PIB nacional.
En muchos casos, las operaciones están vinculadas con cadenas de suministro de hidrocarburos, gasolineras de papel y empresas que triangulan recursos con permisos aparentemente legales de importación o distribución.
Detrás de cada factura falsa hay un tanque lleno de combustible robado y una cuenta bancaria limpia en el extranjero.
La impunidad es el combustible que mantiene vivo este mercado negro fiscal. Mientras la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera presumen bloqueos millonarios, las redes de huachicol fiscal se regeneran con nuevos nombres y razones sociales.
El daño no solo es económico: también es político, pues erosiona la confianza en las instituciones encargadas de resguardar el patrimonio nacional.
El huachicol marítimo: robo en altamar, con complicidad institucional
En paralelo, el país enfrenta una nueva modalidad: el huachicol marítimo.
Investigaciones periodísticas recientes han revelado que más de 30 buques transportan combustible robado de plataformas de PEMEX en la Sonda de Campeche, abasteciendo embarcaciones en altamar mediante operaciones ilegales que se camuflan como traslados autorizados.
Cada “golpe” puede implicar entre 600 mil y 800 mil litros de combustible, con un valor estimado superior a 12 millones de pesos por operación.
Las pérdidas acumuladas en los últimos años podrían superar los 2 mil millones de pesos anuales, sin contar los daños ambientales y la pérdida de trazabilidad energética.
Lo más preocupante es que estas operaciones no serían posibles sin complicidad institucional: registros alterados, vigilancia marítima insuficiente y la ausencia de tecnología satelital para monitorear cargas.
El crimen organizado encontró en altamar un espacio sin fronteras y con baja fiscalización, donde el mar se convierte en la nueva autopista del huachicol.
El costo de mirar hacia otro lado
Ambos fenómenos —fiscal y marítimo— tienen un mismo resultado: pérdidas multimillonarias, debilitamiento institucional y desconfianza ciudadana.
El dinero que se fuga por estas vías equivale, cada año, al presupuesto combinado de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía y el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros.
Mientras tanto, el discurso oficial se enreda entre cifras opacas y promesas de auditorías.
El Estado, en lugar de blindar sus sistemas de control, continúa parcheando sus ductos mientras deja abiertas sus aduanas, puertos y registros fiscales.
Reformas urgentes y control real
México necesita una estrategia dual:
- Una reforma de fiscalización energética, que vincule los registros de PEMEX, el SAT y la Secretaría de Marina bajo un sistema digital de trazabilidad total.
- Un mecanismo de transparencia en tiempo real, que permita identificar las cargas, rutas y volúmenes de combustibles desde la extracción hasta la venta final.
La tecnología existe; lo que falta es voluntad política y coordinación institucional.
Cuando el mar y el fisco tienen fugas
El huachicol ya no se combate con soldados en ductos, sino con algoritmos, inteligencia financiera y rendición de cuentas.
Cada litro robado en altamar y cada factura simulada en tierra son pérdidas que la nación entera paga en carreteras, hospitales y escuelas no construidas.
Hasta que el gobierno no reconozca que el problema es tan fiscal como criminal, el mar seguirá siendo cómplice del saqueo, y la hacienda pública, la víctima más silenciosa.
