Por Víctor Barrera
Una avalancha de repudio no solo de parte del gobierno federal sino de instancia como la CNDH se ha volcado ante el informe presentado por la ONU respecto al tema de desapariciones forzadas en México.
El tema realmente es importante y que el gobierno federal lo vea más como una afrenta que como una opinión y análisis sobre lo doloroso que resulta al país y quienes que pierden a familiares, debe ser un punto de atención.
Entendemos que al gobierno le urge terminar con este problema de las desapariciones forzadas porque estas van en incremento y son contrarias a la narrativa de un país seguro.
Pero más lamentable es ver que quien está encargada de defender los Derechos Humanos en nuestro país, también se preste a repudiar el informe, cuando ella proviene de una familia donde la desaparición de un familiar fue la lucha social por muchos años.
Es cierto que este problema no es nuevo, y tenemos décadas con este. Pero no porque se insista en manifestar que se ha reducido el nivel del problema, puede cambiar la percepción del día con día que muchos mexicanos vemos y muchos otros sienten de manera directa.
Se prometió acabar con la inseguridad, y las desapariciones forzadas que son un factor de la inseguridad, pero la forma en la cual se quiere terminar o hacer pensar a la gente que se combate este equivocada. Y no es precisamente la correcta.
Se empezó con una política pública de “Abrazos y no balazos”, la cual no presentó resultados positivos para la población en general. Los únicos beneficiados fueron los grupos criminales que extendieron aún más su dominio en el territorio nacional.
La violencia, la inseguridad y las desapariciones forzadas, se han convertido en parte de la vida cotidiana y esto es negativo para el país. Porque impacta en el desarrollo social, político y económico.
Cuando se habla de la gran cantidad de fosas clandestinas en el país, las responsabilidades recaen en varios gobiernos e instancias de la gobernabilidad, pero quien debe de evitar que esto continue es precisamente el gobierno federal actual.
Seguir expresando que son problemas heredados y no dar solución a estos solo muestra su incapacidad de ejercer un gobierno. Con un Estado de derecho fortalecido y con la aplicación de la Ley.
Este régimen de la 4T va para ocho años en el poder y hasta el momento ninguna estrategia aplicada ha disminuido los problemas. Pero si están listos para seguir al frente del gobierno o gobiernos estales. Se dice la titular de la Secretaría de Gobernación y el de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), llevan al menos el mismo tiempo en esta área y no se disminuye el nivel de violencia e inseguridad en el país.
Se dice también que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez busca ser candidata para gobernar su estado natural, San Luis Potosí, pero su carrera política poco le favorece.
En tanto al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, se le nombra ya como posible candidato presidencial, aunque tampoco lo que ha realizado hasta el momento pueden ser factores que le aseguren el triunfo por el voto popular.
Se habla que, en los comicios del 2027, Morena puede obtener mayoría, pero sus gobiernos estatales tampoco han dado resultados perceptibles de que la inseguridad y violencia disminuya en sus entidades.
Se dice que se obtendrá una mayoría en los congresos locales y la cámara de diputados, pero tampoco existen resultados palpables de una estrategia, basada en leyes, para terminar con los males.
Es decir, no hay una política pública con base en los servicios de inteligencia que puedan disminuir la inseguridad, la violencia el numero alto de desapariciones dentro del país.
Este régimen, autollamado 4T, no ha dado siquiera el apoyo suficiente para los colectivos de la población pueda realizar un trabajo, abandonado por los gobiernos federal y estatales, para localizar a sus familiares desaparecidos,
Lo más lamentable es que solo se localizan fosas clandestinas, y no personas vivas, que puedan hacer la diferencia entre una estrategia bien elaborada para combatir las desapariciones forzadas.
Es por ello importante subrayar que el problema de la desaparición forzada es para quien gobierna ahora y no para quienes lo dejaron pasar. No es con discursos o estadísticas, realizadas a modo, como se podrá esconder una terca realidad que se vive todos los días.
El informe de la ONU plantea que se ha visto un patrón con relación a la desaparición forzada, por lo cual ofrece el informe, todo lo que pueda hacer para atacar el problema. No se está acusando directamente a nadie, lo que hace es investigar, revisar y analizar seriamente lo que pasa.
El salir a desacreditar este informe solo muestra que este gobierno no sabe hacer su trabajo.
El Estado, como gobierno, tiene la responsabilidad de resolver los problemas y si no lo hace entonces no puede aspirar a seguir gobernando. La ciudadanía debe entenderlo y hacer uso de su herramienta más poderosa, que aún tenemos, que es el voto, para escoger a otro gobierno que si realice su trabajo y no siga culpando al pasado.
