Una jueza federal de Nueva York anuló una política de la administración Trump que suspendía la tramitación de visados de 75 países, entre ellos Afganistán, Irán, Rusia y Somalia, cuyos ciudadanos la administración Trump consideraba que probablemente necesitarían asistencia pública en Estados Unidos.
La jueza de distrito estadounidense Jeannette Vargas, nombrada por el expresidente Joe Biden, anuló la política el viernes por considerarla “contraria a la ley y exceder la autoridad legal”.
El secretario de Estado, Marco Rubio, se extralimitó en sus funciones al emitir la política, la cual “contraviene” la Ley de Inmigración y Nacionalidad al ordenar “la denegación de visas a solicitantes elegibles sin fundamento legal alguno”, dictaminó el juez.
Vargas afirmó que esta política también socava el requisito del Congreso que sitúa a los funcionarios consulares al frente de cualquier decisión sobre visados.
“El Congreso otorgó a estos funcionarios autoridad y discreción exclusivas para determinar si un inmigrante reúne los requisitos para obtener una visa, basándose en la revisión de criterios específicos y detallados establecidos en la ley”, escribió. “La política, que prohíbe categóricamente la emisión de visas de inmigrante según la nacionalidad del solicitante, representa una derogación directa de este marco legal”.
La política fue impugnada por dos organizaciones sin fines de lucro y once personas, seis de ellas cuyos familiares habían visto denegadas sus visas. Las cinco restantes se encuentran fuera del país y habían presentado solicitudes de visa basadas en el empleo para ingresar a Estados Unidos.
Los defensores afirman que mantener a las familias separadas es cruel
