El caso de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) contra Patricia “N”, síndica municipal; Azucena “N”, regidora, y Alejandro Bladimir “N”, tesorero del Ayuntamiento de Amacuzac, realizada durante el operativo interinstitucional Enjambre, se desmoronó.
La jueza a cargo determinó no vincularlos a proceso, al establecer que no existían pruebas suficientes para sostener la imputación por extorsión agravada ni para relacionarlos con delincuencia organizada.
En el mismo operativo también fue detenido Carlos “N”, señalado como presunto enlace con La Familia Michoacana.
Aunque el operativo interinstitucional contó con fuerzas federales y estatales, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), encabezada por Fernando Blumenkron Escobar, se encargó del proceso judicial y de presentar la imputación ante la jueza.
El abogado de las regidoras, Javier Sebastián Insunza Villalobos, destacó la debilidad de las pruebas y la torpeza de la Fiscalía:
“No había un solo testigo que corroborara los dichos del presidente municipal. No hay videograbaciones, ni geolocalización, ni ninguna prueba científica que ubique a mis clientes en tiempo, modo y lugar del supuesto hecho delictivo”.
La denuncia fue presentada por el alcalde de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, del PT, quien afirmó que los servidores públicos estaban vinculados con Carlos “N”, supuesto enlace con La Familia Michoacana.
El mismo día de la detención, el alcalde había citado a los acusados a una sesión de cabildo para formalizar una licencia por 90 días, lo que según la defensa explica la presencia de Patricia “N”, Azucena “N” y Alejandro Bladimir “N” en el lugar.
“Todos pensaron que iban por él, pero la citación era para el cabildo, para aprobar una licencia de 90 días. Ahí fue cuando intervino la Fiscalía y el operativo, alterando completamente la situación”, explicó Insunza Villalobos.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó pruebas que resultaron insuficientes y contradictorias:
- Dichos del alcalde, que señalaban la presencia de los acusados en el cabildo con personas armadas.
- Información de fuentes abiertas, como publicaciones en redes sociales y notas locales que vinculaban a Carlos “N” con futuros planes políticos y presuntos vínculos delictivos.
- Fotografías y videos de la feria municipal, que la Fiscalía intentó usar para demostrar la presencia de los acusados en el cabildo, aunque las evidencias mostraron que el acceso estaba bloqueado y era imposible llegar al lugar señalado.
“La Fiscalía contaba con 21 datos de prueba, pero eran muy flojos, se desvirtuaban fácilmente y no se concatenaban entre sí. Cometieron un error garrafal al presentar la imputación”, afirmó Insunza Villalobos.
No se presentaron videograbaciones de seguridad, geolocalizaciones, llamadas telefónicas ni otros elementos técnicos que corroboraran la supuesta comisión del delito, lo que debilitó gravemente la acusación.
La jueza determinó la no vinculación a proceso, señalando discrepancias graves:
- La supuesta presencia de los acusados en el cabildo no pudo ser verificada.
- No existían pruebas técnicas ni científicas, ni testigos que respaldaran la narrativa de la Fiscalía.
- La investigación dependió de información de fuentes abiertas poco confiables y no se presentaron testimonios corroborados.
“Participaron fuerzas federales en el operativo, pero al final se quedan en el Estado porque FIDAI pertenece a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, no a la FGR. Nunca entró la Fiscalía federal especializada en delincuencia organizada. Si hubiera existido una investigación por ese delito, la FGR hubiera atraído el caso”, explicó Insunza Villalobos.
El caso evidenció pugnas internas en el ayuntamiento. Patricia “N” y Azucena “N” habían denunciado irregularidades administrativas y anomalías presupuestales, incluidos cobros excesivos por servicios municipales: el costo de la recolección de basura pasó de 117 pesos en 2025 a mil 357 pesos en 2026, un aumento de más del mil por ciento.
A finales de diciembre del 2025, el alcalde de Amacuzac, que llegó al poder por el PT, Noé Reynoso Nava, se hizo viral tras presumir en un video difundido en sus redes sociales oficiales que donará 24 mil latas de cerveza, 10 reses, 10 marranos y diversos enseres para la elaboración de alimentos durante la feria y fiesta patronal, con un costo aproximado de 800 mil pesos.
“Es importante poner en contexto que sí existían amenazas en su contra, se habían presentado denuncias por violencia política de género y amenazas, y el hecho materia de la imputación no se pudo comprobar”, señaló el abogado.
Periciales presentadas por la defensa demostraron que era físicamente imposible que los acusados estuvieran en el cabildo en el momento señalado, debido a la feria de Amacuzac que bloqueaba el acceso al ayuntamiento y al estacionamiento.
Las regidoras habían presentado denuncias por violencia política de género y amenazas, reflejando un contexto de confrontación interna y motivaciones políticas detrás de la acusación.
“Mis clientes habían detectado irregularidades administrativas y eran oposición política; esto generó conflictos con la presidencia municipal, que terminaron por derivar en acusaciones sin sustento”, explicó Insunza Villalobos.
Mientras tanto, Patricia “N”, Azucena “N” y Alejandro Bladimir “N” podrían retomar sus actividades en el ayuntamiento; Pero temen por su integridad.
La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) informó, mediante un comunicado de prensa, que apelará el auto de no vinculación a proceso que la jueza otorgó a Patricia “N”, síndica municipal; Azucena “N”, regidora; Alejandro Bladimir “N”, tesorero del Ayuntamiento de Amacuzac, y a Carlos “N”, detenidos por el delito de extorsión agravada.
Los cuatro fueron aprehendidos el 3 de marzo durante un operativo coordinado por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, que incluyó dos cateos: uno en el Palacio Municipal y otro en un inmueble de la colonia Centro de Amacuzac, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Durante la audiencia de vinculación, la jueza determinó que el acervo probatorio presentado por el Ministerio Público no era suficiente para sujetarlos a proceso. La FIDAI indicó que no comparte esta resolución y recurrirá la decisión ante la instancia judicial correspondiente, mientras continúa con las investigaciones.
El comunicado de la Fiscalía aclaró que los datos difundidos tienen carácter informativo y que la versión oficial se encuentra registrada en la carpeta de investigación.
