La diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa que adiciona un artículo 20 Septies a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de responsabilidad por omisión de las autoridades y servidores públicos en casos que atenten contra la vida de la mujer.
Dicha propuesta refiere “a la grave crisis de violencia feminicida en México, y la falta de responsabilidad efectiva de las autoridades frente a omisiones que ponen en riesgo la vida de la mujer”. Se indicó que a pesar de los marcos legales existentes, la impunidad y la baja judicialización de casos reflejan un problema estructural que exige reformas urgentes que constituye una forma de violencia de “impunidad institucional” y una violación a los derechos humanos.
En ese sentido, sostiene que la responsabilidad por omisión de autoridades y servidores públicos en casos que atenten contra la vida de las mujeres, constituye un eje fundamental para garantizar la eficacia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Toda vez que la falta de actuación diligente, oportuna y con perspectiva de género por parte de quienes tienen la obligación de proteger los derechos humanos, “no solo perpetúa la impunidad, sino que también vulnera el principio de igualdad y el derecho a la vida”.
La diputada federal advierte que es indispensable reconocer que la omisión institucional frente a situaciones de riesgo, coloca a la mujer en una posición de mayor vulnerabilidad, reproduciendo patrones de violencia estructural. Por ello, “se justifica la necesidad de establecer mecanismos claros de responsabilidad administrativa y penal, que aseguren que las autoridades cumplan con su deber de prevención, atención y sanción”, evitando que la inacción estatal se convierta en una forma de violencia institucional que contradiga los objetivos de la Ley.
Villanueva Moo manifestó que los feminicidios han mostrado un incremento sostenido, reflejando no solo violencia estructural, sino también fallas en la prevención y atención por parte de las instituciones. Agregó que la responsabilidad estatal, y estudios sobre la Alerta de Violencia de Género señalan que, aunque es un mecanismo diseñado para proteger a la mujer, su implementación ha sido deficiente, que “la falta de coordinación recursos y voluntad política ha derivado en omisiones graves que perpetúan la violencia”.
En ese sentido, explicó que la omisión como forma de violencia institucional, es cuando autoridades no investigan denuncias, minimizan riesgos o retrasan medidas de protección, se convierten en responsables indirectos de los feminicidios. Señaló que actualmente, el déficit en la rendición de cuentas, sanciones por negligencia y omisión son limitadas o inexistentes, lo que genera impunidad dentro de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Al respecto, enfatizó que el objetivo de la propuesta es fortalecer la protección de la vida de las mujeres, garantizando que las autoridades y servidores públicos actúen de manera inmediata y eficaz ante denuncias o situaciones de riesgo y evitar que la inacción y omisión institucional incremente la vulnerabilidad de las víctimas.
Para ello, se establecería la responsabilidad jurídica por omisión, incorporando en el marco normativo sanciones claras para quienes, teniendo la obligación de proteger, no actúen frente amenazas o agresiones contra mujeres. A fin de ir “transformando una cultura institucional y promoviendo un cambio en la forma en que las instituciones atienden la violencia de género, pasando de la indiferencia o burocracia a la acción preventiva y efectiva”.
Así dijo, las víctimas y sus familias tienen acceso a la justicia y reparación del daño con mecanismos ágiles para denunciar la omisión de autoridades, reforzando la percepción de que el estado cumple con su deber de proteger la vida y la integridad de las mujeres y disminuyendo la impunidad en casos de violencia feminicida.
“Con esto se busca cerrar la brecha entre el deber legal y la práctica institucional, asegurando que la omisión de autoridades no quede impune y que la vida de las mujeres sea protegida de manera efectiva”, apuntó la diputada federal.
