En sesión vespertina de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), fundamentó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones transitorias del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, para ampliar su entrada en vigor.
Moreno Rivera explicó que el propósito es garantizar que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se lleve a cabo de manera ordenada, eficiente y, sobre todo, en beneficio de las personas que acuden a los tribunales en busca de justicia.
Refirió que el 7 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación dicho Código Nacional, aprobado por unanimidad, con el objetivo de transformar la manera en que se imparte justicia civil y familiar en el país.
Su aprobación –dijo– representó un avance histórico y por primera vez contamos con una legislación procesal que busca establecer reglas comunes en las 32 entidades federativas y dejar atrás procedimientos que durante muchos años hicieron que obtener justicia fuera complicado y tardado.
Indicó que el artículo segundo transitorio estableció como fecha límite para su entrada en vigor en todo el país el primero de abril de 2027, y a partir de esta reforma “estamos proponiendo se amplíe el plazo de la entrada en vigor hasta el primero de abril del 2030 para que la transición al nuevo sistema se realice de manera gradual, por mayor preparación y sin afectar los derechos de quienes requieren justicia”.
Con la aprobación del dictamen –aseguró– se están dando las condiciones para que el nuevo sistema funcione correctamente desde el primer día, y aquellas entidades que estén preparadas podrán comenzar a aplicar el Código antes de esta fecha.
Consideró que la impartición de justicia no se transforma solamente cambiando las leyes; también se debe cambiar la manera en que trabajan nuestros tribunales. Esta ampliación permite que juezas, jueces y personal judicial continúen capacitándose, conozcan a fondo los nuevos procedimientos y unifiquen criterios para ofrecer una atención más ágil y eficiente.
Además, dijo, permite adecuar los espacios destinados a los juicios orales, contar con salas de audiencias apropiadas y fortalecer las herramientas necesarias para garantizar que todas las partes puedan ser escuchadas en condiciones de igualdad. “Para todas ellas, la justicia debe ser cercana, clara y oportuna”.
El diputado resaltó que otro aspecto fundamental es la incorporación de la tecnología, ya que hoy resulta indispensable que la impartición de justicia avance de la mano de las herramientas digitales, y el propio Código Nacional contempla la posibilidad de realizar notificaciones mediante medios electrónicos y sistemas de justicia digital conforme a las disposiciones aplicables. Eso puede significar notificaciones más rápidas, menos traslados innecesarios y procedimientos más sencillos para las personas.
Sin embargo, para lograrlo “necesitamos que los tribunales cuenten con sistemas adecuados y principalmente con personal preparado para utilizarlos. No se trata solamente de digitalizar expedientes; se trata de aprovechar la tecnología para acercar la justicia a la ciudadanía”, puntualizó.
Otro tema que se debe reconocer es la transformación de quienes ejercen la profesión jurídica. “Queremos –precisó– que los juicios se resuelvan por la fuerza de los argumentos y las pruebas, no por la capacidad de prolongar indefinidamente un procedimiento”.
Mencionó que el dictamen es resultado del análisis de tres iniciativas presentadas por integrantes de distintos grupos parlamentarios, y sus propuestas encontraron un punto de coincidencia: la necesidad de asegurar una implementación gradual, responsable y coordinada del nuevo sistema de justicia civil y familiar.
Por ello, externó, la Comisión de Justicia construyó una propuesta que amplía los plazos, fortalece la coordinación institucional y da certeza a la transición sin modificar los derechos y procedimientos fundamentales de este Código Nacional.
“El verdadero éxito de esta reforma no se medirá por la fecha en que entre en vigor, sino por los resultados que ofrezca a las mexicanas y los mexicanos. Se medirá cuando una madre obtenga una respuesta oportuna a su demanda de alimentos, cuando una familia pueda resolver un conflicto sin pasar años en tribunales y cuando cualquier persona, sin importar dónde viva, encuentre una justicia accesible y confiable”, enfatizó Moreno Rivera.
