Después de la publicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de 2006, en el Diario Oficial de la Federación, su impacto a nivel internacional, permitió que se comprobará la importancia de continuar con procesos legislativos que funcionen como mecanismos de supletoriedad y complementación de los ordenamientos normativos que establecen las vertientes para el empoderamiento de mujeres a través del lenguaje jurídico y su impacto al institucionalismo, el gobierno y la aplicación de políticas públicas.
La propuesta turnada a la Comisión de Igualdad de Género, son indispensables para desnaturalizar conductas violentas y romper con la normalización de agresiones psicológicas, económicas o digitales que suelen estar arraigadas en costumbres culturales.
En ese sentido, la armonización permanente del marco jurídico nacional representa una herramienta fundamental para consolidar mecanismos institucionales de prevención y protección de los derechos de las mujeres. Por ello, resulta necesario fortalecer el contenido de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mediante disposiciones que impulsen acciones preventivas en el ámbito institucional y comunitario, contribuyendo así a la construcción de entornos libres de violencia.
Asimismo, la reforma propuesta es congruente con los principios de eficiencia administrativa, racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público, debido a que no considera la creación de estructuras orgánicas, dependencias, plazas administrativas o mecanismos extraordinarios de financiamiento, sino su utilización de una manera eficiente y eficaz en la promoción de la no violencia contra la mujer.
Pese al amplio avance en la progresividad de derechos, aún resta mucho recorrido para alcanzar la formación de una cultura de la paz y de la no violencia contra la mujer. Por ello es de importancia disminuir las diversas formas de violencia de género.
Al visibilizar estas señales de alerta, se ayuda a la población a reconocer los primeros indicios de violencia antes de que escalen a agresiones físicas o feminicidios.
La prevención efectiva no puede depender de esfuerzos aislados o de la voluntad política en turno; requiere un mandato legal explícito que obligue a la federación, a las entidades federativas y a los municipios a actuar de manera conjunta y permanente dentro de sus respectivas esferas de competencia.
Finalmente, la prevención tiene un efecto económico y social profundo, ya que reduce los altos costos públicos en salud y servicios jurídicos, mejora la productividad laboral y protege a las infancias al evitar que crezcan en ambientes hostiles donde se repliquen estos patrones.
La promoción constante de estas campañas, respaldada por la corresponsabilidad de la federación, los estados y los municipios, funciona también como un mecanismo de cumplimiento de las políticas públicas y garantizar la aplicación correcta y oportuna de las alertas de violencia de género en las zonas de mayor riesgo del país.
En consecuencia, la propuesta legislativa fortalece el marco jurídico nacional en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, sin generar impacto presupuestario adicional y privilegiando el cumplimiento progresivo de las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
